El Ayuntamiento de Valladolid, obligado a devolver las sanciones de su anulado plan de tráfico

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la anulación del plan de regulación de tráfico del Ayuntamiento de Valladolid que establece por decreto la implantación de carriles bus, taxi y bici en varias avenidas, así como la peatonalización de algunas calles del centro, y obliga al Consistorio a devolver “sin excusa ni dilación alguna” las sanciones impuestas.

Entiende el tribunal que la intervención en el tráfico en esos puntos neurálgicos, en los que se ha provocado un “caos circulatorio” -advierte en la sentencia-, fue de tal calado que debió hacerse mediante una ordenanza y no por decreto.

Y también “reprocha” al concejal delegado general del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Ángel Vélez, que el decreto, en vez de una ordenanza, “es una usurpación de las competencias sobre materias que la legislación aplicable reserva al pleno del ayuntamiento de Valladolid”.

De este modo, el Alto Tribunal ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid que declaró contrario a derecho y nulo el Decreto del Ayuntamiento y desestima el recurso del Consistorio.

La anulación del decreto supone que la totalidad de las sanciones impuestas y recaudadas por el ayuntamiento con ocasión de la implantación de esta regulación, ya declarada radicalmente nula, “han de ser reintegradas a sus interesados, sin excusa ni dilación alguna”.

Además, “la falta de estudio económico sosegado y la consustancial falta de audiencia a las empresas y vecinos usuarios de esas vías y por tanto afectados puede sustentar, incuestionablemente, las oportunas reclamaciones por responsabilidad patrimonial”, advierte la sentencia.

El TSJCyL considera que el decreto anulado supuso una “intervención extraordinariamente intensa en la circulación de vehículos en la ciudad de Valladolid, tanto, que puede afirmarse que existe un antes y un después de la implantación de las tres medidas controvertidas”.

E insiste en que la utilización de un mero decreto para regular materias propias de una ordenanza municipal supone un vicio de nulidad radical”. Por otra parte, la sala rechaza que el decreto haya quedado validado con la aprobación de un decreto posterior y con la modificación de Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento y Seguridad Vial porque “la convalidación no es posible respecto de actos nulos”.

En tal sentido, la sentencia subraya que “el vicio declarado es de nulidad radical y absoluta”.

En la sentencia, los jueces explican que, “no se está afirmando que para modificar un sentido de circulación de una determinada calle se tenga que aprobar o modificar una ordenanza, ni siquiera para instalar un carril bici, sino que ha de ser mediante ordenanza aquella regulación del uso de las vías urbanas que implique una privación o restricción sustancial del general derecho de todo vecino a utilizar las vías urbanas”.

Y ponen ejemplos: “cambiando un sentido de circulación no se desnaturaliza el derecho de utilización de esas vías; instalando un semáforo tampoco; haciendo peatonal esa vía o, como confiesa la propia administración, reducir la movilidad del vehículo privado” para fomentar el uso de transporte público “sí se afecta general e intensamente a los derechos de los vallisoletanos y por ello, como mínimo, se ha de hacer por ordenanza”.

Reacción de Óscar Puente

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha rechazado pronunciarse sobre la decisión del TSJCyL, que ha ratificado la anulación del plan de regulación de tráfico que establece por decreto la implantación de carriles bus, taxi y bici en varias vías de la ciudad y obliga al Consistorio a devolver las sanciones impuestas, aunque el regidor ha precisado que “no han sido muchas”.

“No puedo hacer una valoración porque he conocido la sentencia un minuto antes de salir aquí y necesito leerla y hablar con la asesoría jurídica y ver cuál es el alcance de la sentencia, no puedo hacer hoy una valoración y pido disculpas”, ha subrayado este viernes en una rueda de prensa sobre Fondos Europeos.

El alcalde ha insistido en que no conoce exactamente cómo y cuánto se devolverá y que necesita estudiar “algo que tiene su complejidad”, ya que ni siquiera ha podido leer nada de la sentencia y opinar sobre ello “sería una temeridad”, ha agregado.

Sobre la cuantía, ha subrayado que no cree que sea mucha, pues “serán las multas que se hayan impuesto por invadir el carril bus en algún caso y poco más, las medidas adoptadas tampoco han tenido consecuencias sancionadoras importantes”, ha concluido Puente al tiempo que ha recalcado que necesita pedir un “informe completo” y a partir de ahí, “lo aclararemos públicamente”.