Junta y Fiscalía refuerzan su coordinación

La Fiscalía Superior de Castilla y León ve necesario reforzar las competencias y capacidades de la Fundación Pública Acción Social y Tutela de Castilla y León (Fascyl).

El fiscal superior Santiago Mena, ha recibido este lunes en la sede de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma en Burgos, a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, a quien ha presentado sus propuestas de cara a la implementación de la Ley 8/2021, por la cual se acometen reformas en la legislación civil y procesal para devolver a las personas con discapacidad su capacidad jurídica y la implantación de un modelo sin sujeciones en los centros residenciales para personas mayores y dependientes.

Un encuentro, al que asistieron también el fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Castilla y León, Francisco Javier Gutiérrez; el secretario general de la Consejería, Jesús Fuertes; y el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos.

Los representantes de ambas instituciones analizaron las funciones del servicio de inspección de residencias de la Junta. La Fiscalía planteó la posibilidad de realizar visitas conjuntas a estas dependencias una vez remita la situación generada por la covid.

Al respecto, Santiago Mena se interesó sobre la aplicación de la Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y sociosanitarios de personas mayores y con discapacidad.

También propuso que se refuerce el compromiso de mantener una comunicación fluida entre ambas instituciones en lo relativo a puntos de contacto, remisión de actas y comunicaciones y puesta en común de incidencias de todo tipo.

Por su parte, Isabel Blanco informó al fiscal superior de que su Consejería se ha propuesto de forma estratégica un abordaje de la problemática del uso habitual de los ‘cuidados con sujeciones’ con el que pretende la disminución progresiva de su uso en los centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad de la Comunidad, teniendo en el horizonte su eliminación o reducción al mínimo posible.

La consejera explicaba que para que pueda resultar exitoso, su aplicación requiere un esfuerzo específico e integral, enfocado, por una parte, a la formación y capacitación de los profesionales en alternativas del cuidado seguro sin usar sujeciones y, por otra, al establecimiento de un marco normativo que siente las bases que aseguren el derecho de las personas usuarias de centros residenciales a recibir una atención libre de sujeciones y establezca un modelo alternativo de cuidado basado en apoyos.

Menores ucranianos

La llegada de los menores ucranianos a la Comunidad como consecuencia de la invasión de su país fue otro de los temas tratados en el encuentro. Isabel Blanco explicó al fiscal superior que su departamento elaboró un ‘Protocolo relativo a la protección de personas menores de edad desplazadas desde Ucrania a Castilla y León como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania’ y, conforme al mismo, se está llevando a cabo el acogimiento provisional de aquellos menores que no cuentan con un referente familiar acreditado, delegando la guarda en las personas de su país con las que se encuentran, previa valoración de la familia, llevando a cabo un seguimiento de todos los acogimientos.

En el caso de los menores no acompañados se prevé la asunción de tutela. Por otra parte, para aquellos que tienen un referente familiar acreditado no se adoptan medidas desde el sistema de protección, si bien se llevarán a cabo seguimientos periódicos para comprobar que se mantiene la situación. En el ámbito del derecho civil y de familia, la consejera de Familia y el fiscal superior hablaron sobre los sistemas de control ante peticiones fraudulentas sobre medidas paterno-filiales.

Nuevos mecanismos de protección

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, comprometida con la política de ‘no sujeciones’, ha diseñado un proyecto formativo que deberá ser impartido por profesionales expertos de reconocido prestigio y muy conocedores de la materia que, partiendo del estudio y análisis de la situación de cada centro, desplegarán la formación teórico-práctica necesaria para capacitar a los profesionales en el abordaje de cada sujeción y su mejor alternativa. Esta formación se desarrollará a lo largo de diferentes fases que conllevarán la evaluación de los avances y la adquisición de competencias de forma gradual y personalizada.

En paralelo a ese plan formativo, el Proyecto de Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día para cuidados de larga duración en Castilla y León, cuya aprobación está prevista en la actual legislatura, dedicará un artículo específico a la atención libre de sujeciones como derecho de las personas que viven en los centros residenciales y regulará determinadas condiciones para los casos excepcionales en los que hubiese que hacer uso extraordinario de ellas.