La Junta refuerza el apoyo a las deportistas que quieran ser madres

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció el aumento del importe de las becas destinadas a deportistas de alto nivel en 30.000 euros, hasta llegar a los 450.000, con el fin de incentivar la compatibilidad de la maternidad con “ser una gran atleta”.

Además, también se cambiarán los requisitos para acceder a las ayudas a las deportistas que quieran ser madres. Así, si hasta ahora se tenían en cuenta los resultados deportivos del último ejercicio, penalizando a las deportistas que quedaban embarazadas al no poder entrenar ni competir durante ese periodo, ahora se amplía para precisamente beneficiar a esas deportistas.

García-Gallardo, que estuvo acompañado por el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, y por las atletas Maite Martínez y Raquel Alonso, explicó que las mujeres que queden embarazadas o den a luz podrán seguir percibiendo las becas que concede la Junta a los deportistas y entrenadores profesionales.

Hasta la fecha, la regulación de los premios a la excelencia deportiva de Castilla y León dejaba sin ayuda económica a las deportistas y entrenadoras al año siguiente a su embarazo, ya que para su adjudicación se tomaban como referencia los resultados obtenidos durante el ejercicio que coincidía con la gestación o el periodo de lactancia.

Con esta reforma anunciada en el centro especializado de alto rendimiento “Río Esgueva” de Valladolid, cuando una deportista no haya conseguido resultados deportivos debido a su maternidad, se tomarán como referencia los alcanzados en los dos años anteriores.

Para hacer frente a esta modificación, se ha incrementado en 30.000 euros la partida reservada a estos premios con los que se beca a los deportistas. El presupuesto pasa a 450.000 euros y se busca con él que las mujeres no deban postergar su decisión de ser madres al final de su carrera profesional. Esta nueva normativa se publicará este martes 30 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), por lo que estará vigente para la convocatoria de este año.

Según ha explicado el vicepresidente, esta situación generaba una injusta desventaja a las deportistas “haciendo mucho más duro el regreso al deporte tras la maternidad”, por lo que ha asegurado que gracias a esta iniciativa todas las deportistas que hayan decidido ser madres “cuenten con todo el apoyo de la Junta de Castilla y León”. “Es injusto, y tremendamente discriminatorio, que las deportistas tengan que postergar su maternidad hasta la finalización de su carrera deportiva, que no puedan pensar en crear su familia mientras estén compitiendo, o lo más dramático de todo, que decidan abortar a su hijo por falta de apoyos”, ha añadido.

Además, García-Gallardó ha puntualizado que con esta medida el Gobierno “quiere poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas porque es de justicia que así sea y para afrontar la situación de emergencia demográfica que vivimos en la actualidad”. “Vamos a apoyar a las deportistas que quieran ser madres y daremos visibilidad a este problema para que el resto de las administraciones sigan esta misma línea”, ha remachado.

Por su parte, la olímpica vallisoletana Maite Martínez, vigente plusmarquista nacional en 800 metros, ha compartido su testimonio de cómo tuvo que postergar su maternidad hasta la finalización de su carrera deportiva. La atleta zamorana Raquel Alonso, por el contrario, tuvo en 2020 a su hijo, y ha retomado su actividad atlética, consiguiendo apenas ocho meses después de dar a luz, una medalla de bronce en el campeonato de España Senior de atletismo.

Con esta medida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte cumple con una de sus prioridades marcadas para la presente legislatura: la de favorecer la conciliación familiar en el deporte persiguiendo una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los deportistas.

Curso político “difícil”

Por otra parte, García-Gallardo anticipó que el curso político que acaba de comenzar será “difícil” pero también aseguró que desde el Gobierno autonómico seguirán cumpliendo el acuerdo alcanzado entre PP y Vox “le pese a quien le pese”.

Al respecto, reiteró que se trata de un curso que va a ser “muy duro para las familias, los trabajadores y las empresas” debido a la “situación sin precedentes” causada por la inflación, la crisis de suministro energético y la guerra en Ucrania, que “tiene unos efectos colaterales para la economía en España y, en particular, para los sectores más importantes de Castilla y León, como la industria auxiliar del automóvil”.

Asimismo, apuntó que “a ello hay que añadir las tensiones propias de un curso político preelectoral”, en el que anticipó la existencia de “muchos grupos de presión que van a poner palos en las ruedas en la labor de gestión que está haciendo el Gobierno de coalición”.

“Pero nosotros tenemos un mandato que está reflejado en el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular y vamos a seguir cumpliéndolo, le pese a quien le pese”, declaró.

Inspecciones de Hacienda

Por último, el vicepresidente consideró las inspecciones de Hacienda “una sanción en sí misma” para las empresas debido a la “carga” que supone para estas últimas, aunque acabe sin sanción, por “el hecho de tener a una persona administrativa teniendo que atender los requerimientos documentales y las peticiones de la Agencia Tributaria”.

García-Gallardo reiteró que esto supone “un desincentivo para la instalación y el mantenimiento de empresas en Castilla y León”. El vicepresidente incidió de nuevo, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento ‘Río Esgueva’ de Valladolid, en que existe “un agravio comparativo” en este aspecto entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid, ya que pese a que en la autonomía castellana y leonesa la recaudación fiscal “es menor y hay menos empresas”, el nivel relativo de inspectores es mayor, lo que se traduce en “inspecciones de Hacienda con mayor frecuencia” y “una carga” para las actividades.

Por ello, aseguró que desde la Junta van a seguir señalando a la Agencia Tributaria “dependiente del Gobierno central socialista” para que “dejen de discriminar a Castilla y León en esta materia y dejen de perseguir fiscalmente a las empresas”, ante una situación que “además, afecta en particular a las empresas más grandes, que dan un mejor empleo, de más calidad, más estable y mejor retribuido”.