El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha desestimado el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Confederación General del Trabajo de Valladolid contra los pliegos que han de regir la contratación del servicio de trasporte sanitario terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma, levantando así la suspensión del procedimiento de adjudicación.

Según recoge la Resolución 144/2022 de este organismo, la recurrente denunciaba el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 130.1, 5 y 6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), al aportar los pliegos una información errónea relativa a las condiciones de los contratos de trabajadores objeto de subrogación.

Según el Tarcyl, el Anexo 11 de los pliegos de Sacyl prevé la dotación y costes del personal a subrogar, en el que se indica el listado del personal objeto de subrogación, la categoría, tipo de contrato, jornada y fecha de antigüedad, vencimiento del contrato y salario bruto anual de cada trabajador. Por tanto, “este Tribunal considera que la información contenida en el citado Anexo satisface los requisitos legales transcritos, en concreto en lo referido a la jornada laboral, pues como se ha mantenido por la Administración se ha tenido en cuenta jornadas ordinarias de trabajo en virtud del convenio colectivo”. En este contexto, el tribunal entiende que los derechos de los trabajadores no se verían afectados.

Se alegaba también que la información dada por el órgano de contratación era incompleta pues no contemplaba como costes laborales los referidos a la seguridad social, aludiendo también a la omisión de datos relativos a servicios y modalidades de prestación a los que están asignados cada uno de los trabajadores. Pues bien, el Tarcyl aclara que el órgano de contratación recuerda que “en el anexo 11 del pliego se consigna el salario bruto anual de cada trabajador a subrogar tal y como establece el artículo 130 de la LCSP. A partir de este salario bruto anual las entidades interesadas pueden calcular el coste de la seguridad social que corresponde”.

Vacuna del papiloma

Por otra parte, la Consejería de Sanidad, que dirige Alejandro Vázquez, está estudiando si vacuna o no a los niños contra el virus del papiloma humano, después de que varias comunidades hayan anunciado que lo harán, e incluso en Galicia la inoculación vacunal ha comenzado este jueves.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado que en la Comunidad aún están estudiando qué hacer, en uno u otro sentido, sobe una vacuna que actualmente reciben las niñas a los doce años. Este jueves 15 de septiembre, la Comunidad de Madrid ha reclamado incluir en el calendario la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) de manera “coordinada” dentro del Sistema Nacional de Salud y que sea “de carácter obligatorio”.

Los niños gallegos de 12 años empiezan este jueves a vacunarse contra el virus del papiloma humano y serán los primeros de España en hacerlo, y solo Cataluña y la Comunidad Valenciana han anunciado que extenderán la vacuna a los varones pero sin embargo aún no han fijado fecha de inicio.

Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana son las únicas comunidades que de momento se han anticipado al dictamen de los técnicos del Ministerio de Sanidad, que por el momento no han incluido esta vacuna en el calendario común, aunque muchos expertos así lo piden porque creen que solo así podrá erradicarse la infección.