Las Cámaras de Comercio acuden a Europa para que revoque la supresión de paradas del AVE

Las Cámaras de Comercio de Castilla y León también se suman a la corriente en contra del Ministerio de Transportes y de Renfe de suprimir paradas y frecuencias de alta velocidad de la línea del AVE entre Madrid y Galicia a su paso por Castilla y León.Una decisión que lleva en marcha ya ocho días y afecta sobremanera a Otero de Sanabria, en Zamora, así como a Medina del Campo (Valladoldi) y Segovia capital.

Así, la entidad que representa a las cámaras de comercio de la comunidad han lanzado un comunicado este martes en el que muestran su "profunda preocupación y rechazo” ante la supresión de paradas y frecuencias ppor interés económico y empresarial, y apelan al interés común.

Las entidades camerales consideran que esta medida perjudica gravemente el desarrollo económico y social y advierten que se expondrá esta situación ante la Comisión Europea, por atentar contra los principios de cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras.

"Las estaciones afectadas han sido y deben seguir siendo nodos esenciales de comunicación, facilitando el acceso de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas a redes de transporte eficientes y competitivas", apuntan en el texto.

Asimismo, consideran que la eliminación de estas paradas supone una merma en la conectividad de las ciudades, porque limita las oportunidades comerciales y turísticas, afecta negativamente a las empresas y reduce la movilidad de los habitantes.

Y es que, en opinión de las cámaras de comercio, la repercusión de esta medida en el impacto empresarial y social se hará patente en la pérdida de competitividad empresarial, "ya que la conectividad ferroviaria es clave para el desarrollo de sectores como el comercio, la hostelería y el turismo", advierten. Al respecto, tienen claro que la supresión de estas paradas afectará a cientos de negocios locales que dependen del flujo de viajeros.

Además, consideran que se trata de un desplazamiento forzado de trabajadores, ya que la eliminación de las paradas afectará a cientos de trabajadores que dependen del AVE para sus desplazamientos diarios. Muchos empleados que viven o se desplazan en otras ciudades podrían verse obligados a abandonar la localidad ante la falta de opciones de transporte adecuadas.

Igualmente, advierten de que impactará e la calidad de vida de las personas, ya que la reducción de opciones de transporte afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, limitando su acceso a oportunidades laborales y educativas, y aumentando la dependencia del transporte privado, con el consiguiente impacto ambiental y económico.

Por otro lado, lo ven como un agravio comparativo respecto comunidades, ya que mientras otras autonomías han visto reforzada su red de Alta Velocidad, Castilla y León sufre una reducción de servicios que afecta directamente a su desarrollo. “Esta medida supone una discriminación territorial que debe ser revisada en instancias europeas”, denuncian.

Quejas en Europa

Las Cámaras de Comercio trasladarán su malestar ante la Comisión Europea, y solicitarán una revisión y revocación de esta medida, de modo que las políticas de transporte del país se alineen con los principios fundamentales de movilidad, desarrollo regional y sostenibilidad promovidos por la Unión Europea, y se trabaje en una estrategia que refuerce la conectividad ferroviaria en nuestra región, contribuyendo al desarrollo y equilibrio de nuestro tejido productivo.

No en vano, defienden, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han establecido principios clave en sus políticas económicas y sociales que contradice la decisión de Renfe, tales como cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras. “La Unión Europea promueve la conectividad como un pilar fundamental para el desarrollo regional y la reducción de desigualdades”, indican.

Del mismo modo, las políticas europeas destacan la importancia de garantizar el acceso a medios de transporte eficientes para facilitar la movilidad de los trabajadores y evitar la despoblación de zonas rurales; Europa impulsa el transporte ferroviario como una alternativa sostenible frente al uso del vehículo privado, contribuyendo a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los objetivos climáticos; y el Semestre Europeo establece recomendaciones para que los Estados miembros prioricen la inversión en redes de transporte que favorezcan el crecimiento económico y la inclusión social.

Cofinanciación

También recuerdan que Renfe ha planteado a las diputaciones y a la Junta de Castilla y León la posibilidad de cofinanciar estos servicios. “Sin embargo, esta justificación resulta un despropósito, ya que la Alta Velocidad es un servicio de interés general que debe garantizarse con criterios de equidad territorial y cohesión social. La financiación de infraestructuras estratégicas debe responder a una planificación nacional y europea que asegure la accesibilidad para todos los ciudadanos”.

“La Alta Velocidad no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta de vertebración territorial y progreso. En este sentido, instamos a Renfe a reconsiderar esta decisión y a abrir un diálogo con los actores locales y empresariales para encontrar soluciones que garanticen una movilidad sostenible e inclusiva”, añaden.

Por último, las Cámaras de Comercio reafirman su compromiso con el desarrollo económico de la Comunidad y con la defensa de los intereses de empresas y ciudadanos. “No podemos permitir que decisiones unilaterales afecten a la competitividad de nuestro territorio ni al bienestar de nuestros habitantes”, concluyen.