Salud

Castilla y León, en la media nacional de privatización sanitaria

La Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública sitúa a la Comunidad en la octava posición de la España autonómica

Fachada del Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid
Fachada del Hospital Recoletas Campo Grande de ValladolidIcal

El sistema sanitario de Castilla y León se sitúa en un nivel intermedio en cuanto a privatización, al nivel que tenía en 2014 más o menos en los informes elaborados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sitúa a la Región en la octava posición, la misma que en el estudio anterior, e iguala el promedio nacional con 21 puntos.

El portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle, presentó hoy el décimo informe ‘La privatización sanitaria de las Comunidades Autónomas de 2024’ en una comparecencia en Madrid, en la que señaló que la participación de la sanidad privada en la prestación pública alcanzó un promedio de 21,58 puntos, con una desviación de 3,27, sobre un máximo de 34 puntos posibles, con un ratio máximo-mínimo de 1,75.

El estudio, que por primera vez utiliza mayoritariamente datos de 2023 y solo alguno a 2022, refleja que la privatización ha aumentado en todas las comunidades, lo que se evidencia con el aumento de la puntuación media de 1,41 puntos, y por lo tanto el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada autonomía.

Castilla y León, con 21 puntos, frente a los 18 del informe de 2023 y los 20 del de 2022, se sitúa en la octava posición, en un punto intermedio de la clasificación, al igual que en en el anterior análisis. En esta ocasión, superan a la Comunidad en concertación con el sector privado nueve autonomías, mientras siete registran una menor presencia en el sistema público.

De esta forma, Madrid encabeza el ranking con 28 puntos, seguida de Baleares (27), Cataluña (26) y Andalucía (25), como el grupo con un “mayor grado de privatización”. En el intermedio, figuran Aragón y la Comunidad Valencia (24), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20) y País Vasco y La Rioja (19). El último grupo, reservado a las comunidades con menor grado de privatización, está compuesto por Castilla-La Mancha (18 puntos), así como por Extremadura y Navarra (16).

Los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes son el de Cantabria que aumenta seis puestos, Murcia y Aragón que incrementan cuatro; Asturias, tres; Andalucía y Valencia, dos y Baleares y País Vasco, uno. En el lado opuesto, bajan Navarra 12 puestos (el año anterior había aumentado ocho), Galicia, cinco; Canarias, cuatro; La Rioja, dos y Cataluña, uno. Solo tres autonomías mantienen la misma posición que en 2023 (Madrid a la cabeza y Castilla-La Mancha y Extremadura en las últimas posiciones).

Porcentaje más bajo dedicado a conciertos

En cuanto a las variables analizadas por la FADSP, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratar con centros privados fue del 2,9 por ciento en Castilla y León, frente al 6,31 por ciento de promedio en España, lo que supone 3,4 puntos por debajo. De hecho es el valor más bajo del país, al que sólo se aproxima Cantabria con un 3,3 por ciento. En el lado opuesto destaca Cataluña con un 22,3 por ciento y Madrid con un 12,3 por ciento.

Además, el porcentaje de camas cubiertas por mutualidades de funcionarios es del 4,1 por ciento, frente al 3,61 por ciento de la media nacional, y el gasto en seguros privados alcanzó los 159 euros al año, por detrás de los 178,52 euros de la media española. También, el gasto directo per cápita o de bolsillo fue de 542 euros para los castellanos y leoneses, por encima de los 504,23 euros de media en todo el país.

El informe también calcula que en Castilla y León las camas de la sanidad privada representan un 20,17 por ciento del total, ligeramente por encima del 18,76 por ciento de la media nacional. De la misma forma el equipamiento de alta tecnología de los hospitales supera al promedio del Estado al ser del 11,5 por ciento. Además, las consultas a especialistas privados fueron 0,35 por habitante y año, por detrás del 0,47 general y un 17,7 por ciento acudió a citas de Atención Primaria privadas, frente al 24,75 por ciento del conjunto del país.