Compatibilizar la transformación del sector de la automoción y el mantenimiento de empleo

El consejero de Economía y Hacienda y Portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, consideró compatible afrontar la modernización del sector de la automoción y su adaptación, con el mantenimiento y la riqueza que genera en estos momentos, a la vez que rechazó acelerar un proceso que puede pone en riesgo el mantenimiento de la actividad y el empleo.

Antes de participar en la Mesa de la Automoción de Castilla y León, celebrada esta mañana en Arroyo de la Encomienda, Carriedo aseguró la transformación del sector productivo para adaptarlo a los tiempos es una necesidad, pero advirtió que se trata de un cambio que hay que hacerlo compatible con la demanda de los consumidores y con la capacidad de inversión de las fábricas y, sobre todo, “con la necesidad de seguir manteniendo empleo y riqueza durante la transición”.

El consejero de Economía y Hacienda también recordó que Castilla y León es la comunidad referente en España en el sector de la automoción, dado que es la que mayor capacidad de producción de vehículos y que la tiene un mayor número de fábricas de componentes del sector del automóvil, por lo que puso en valor los encuentros de la Mesa de la Automoción, “dado que las administraciones públicas debemos ir de la mano con el sector”, apuntó.

Además, recalcó que el deber de la Junta es colaborar con un sector productivo fundamental para la economía autonómica y que se está enfrentado a importantes a desafíos relevantes como es el proceso hacia la electrificación. En este sentido, abogó por una transformación “ordenada” y con los plazos suficientes que permitan la adaptación. "Tan malo es negar la realidad y oponerse a las transformaciones y los cambios que vienen hacia nosotros, como acelerar los cambios y hacer inviables los procesos de inversión que son necesarios”, aseveró.

Al mismo tiempo, Carriedo consideró un acierto que tanto la Junta, como el sector de la automoción de la Comunidad, hayan defendido la ampliación de los plazos para aplicación de la Euro 7, al igual que los países productores de automóviles, y lamentó la postura del Gobierno central, que apostó por una transición más acelerada que hubiera “puesto en riesgo gran parte del empleo y de la actividad productiva”.

El consejero también argumentó que las grandes fábricas tienen que elegir entre adaptarse a la normativa europea de los coches de combustión, o invertir pensando en el año 2035 de cara al vehículo eléctrico, “cuando a veces no hay capacidad de inversión para los dos procesos”. Por eso, reclamó un plazo razonable para que las industrias puedan adaptarse.