La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará el 14 y 17 de noviembre a los grupos políticos con representación parlamentaria para dialogar el Proyecto de Presupuestos para 2026. Entre los días 10 y 14, los consejeros comparecerán en las Cortes para informar sobre el contenido de las cuentas en cada área.

Tal y como avanzó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno autonómico convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para dialogar en relación con los presupuestos de la Comunidad para 2026, una vez que hayan comparecido los consejeros en las Cortes.

Según el calendario aprobado por el Parlamento autonómico, las comparecencias de los consejeros para explicar los presupuestos autonómicos se celebrarán entre los días 10 y 14 de noviembre. Así se informará con detalle del contenido de cada sección presupuestaria, aclarar dudas que pudieran plantear los grupos y acercar posiciones.

Fernández Carriedo, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria los días 14 y 17 de noviembre para dialogar en relación al proyecto de presupuestos y posibilitar su aprobación.

Partidas

Fuentes del Gobierno regional señalaron que se trata del “mayor Presupuesto presentado en Castilla y León”, que apuesta por duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil. Asimismo, incluye diez millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la Comunidad.

Así, aumenta más del 80 por ciento, hasta los 300 millones de euros, la partida destinada a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes, y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Asimismo, prevé la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos. Beneficiará a 1.400.000 contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y permitirá 778 millones de beneficios fiscales a 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.