La Junta ya trabaja en el expediente para subir a 0,26 euros el kilometraje de los funcionarios

La Junta trabaja en estos momentos en la gestión de un expediente para poder alcanzar el precio de 0,26 céntimos en el kilometraje de los empleados públicos. Así lo ha manifestado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una jornada de formación para los funcionarios que se ha desarrollado en León.

Allí, González Gago ha respondido a las peticiones de las últimas semanas por parte de CSIF para la subida de este precio, aunque ha recordado que el kilometraje "histórico" era de 0,19 céntimos para el conjunto de las administraciones públicas y que, sin embargo, en el mes de marzo, la Junta fue de las primeras administraciones de España que lo subió a 0,23. El actual 0,26 se aplicará "cuando el expediente evoluciones de manera natural".

El consejero también ha informado que durante el pasado año la Junta recibió un total de 836 solicitudes de información presentadas por ciudadanos al no poder localizar lo que buscaban en el portal de Gobierno Abierto. Un 13 por ciento de ellos fueron desestimadas, pero en el resto de los casos se le ofreció a la persona la información que solicitaba.

Para González Gago, la transparencia supone un elemento “esencial” que “garantiza la democracia y que los ciudadanos puedan tomar opinión sobre las políticas de la Junta”, de manera que con ello se intenta reflejar “una administración cercana, clara y eficaz de cara al ciudadano”.

Estos ciudadanos pueden acceder al conjunto de información del Gobierno autonómico de varias formas. Por una parte, se puede acceder a la página web oficial y entrar en el portal del Gobierno abierto. Además, también puede formular una solicitud telemática o por escrito en cualquier oficina de registro a la Junta pidiendo la información que le interese.

Sin embargo, el consejero de la Presidencia puntualizó que “no siempre es posible ofrecer todos los datos al ciudadano”, la existir “unos límites legales” para que “no se vean afectados derechos de terceras personas”. No obstante, quiso dejar claro que el Gobierno autonómico “tiene una actitud proactiva en la transparencia y en el ofrecimiento de información”.

Luis Miguel González Gago destacó que la Junta está “alineada” en estas políticas con el Comisionado de la Transparencia, “una institución autonómica que vela por que el conjunto de administraciones públicas cumplan con su deber de ofrecer información”. De igual manera, está alineada con el Consejo de la Transparencia, que atiende las posibles reclamaciones presentadas por ciudadano y con “la jurisprudencia y las sentencias que dictan los jueces y tribunales al respecto”.

El consejero de la Presidencia resaltó que “la política de transparencia una cuestión en la que siempre ha trabajado la Junta de Castilla y León”. González Gago recordó que en 2011 fue pionera en la aprobación de un código ético y de austeridad de los altos cargos, en 2014 Transparencia Internacional la consideró la administración española más transparente, en 2015 se aprobó una legislación propia con la Ley de Transparencia, Atención al Ciudadano y Buen Gobierno y en 2021 obtuvo el Premio Nacional de Calidad e Innovación en el Servicio Público.

Gobierno del Dato

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, resaltó que la Junta de Castilla y León trabajan en estos momentos en un contrato administrativo en fase de licitación por 2,4 millones para poner en marcha “un gran proyecto” denominado ‘El Gobierno del Dato’, que pretende estructurar durante los próximos dos años y medio todo el conjunto de aplicaciones tecnológicas para unificarlas y “poder ofrecer una mejor información al ciudadano”.

Luis Miguel González Gago también puso de relieve la “apuesta clara del Gobierno autonómico” por el apoyo a las entidades locales, para lo que “también juegan un papel importante las diputaciones provinciales en sus funciones de asistencia técnica” para que los pequeños ayuntamientos también puedan cumplir con la Ley de Transparencia.

En este sentido, señaló que la Escuela de Administración Pública programa anualmente un curso de transparencia dirigido a empleados locales, que también pueden participar en los cursos generales para la propia Junta.

Asimismo, se trabaja en un proyecto piloto que se pretende extender al conjunto de municipios para “permitir que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia se realicen la propia web de la Junta de Castilla y León”, mediante “un espacio específico”.