CSIF pide a la Junta que pague 0,31 euros por kilómetro a los empleados públicos itinerantes

El sindicato independiente CSIF está que trina con el Gobierno regional por no dar respuesta a demandas como pagar más dinero por el kilometraje de muchos empleados públicos que tienen que desplazarse con su coche hasta los lugares donde trabajan. “La Junta de Castilla y León se mofa de los 7.000 empleados públicos a los que obliga a utilizar su vehículo particular para trabajar a cambio de unos paupérrimos 0,23 euros por kilómetro”, denuncia el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, para quien el abono de esta "ridícula" cantidad diezma de manera inasumible los bolsillos de estos empleados públicos "y supone un enriquecimiento ilícito de las arcas de la Administración autonómica a su costa".

Castro advierte de que el pago del kilometraje a 0,23 euros por kilómetro representa además un agravio comparativo en relación a los 0,26 euros por kilómetro que aprobó el Ministerio de Hacienda y Función Pública el pasado mes de julio para los empleados públicos que dependen del Estado. “Tres meses han pasado desde entonces y la Junta ni siquiera ha cumplido su compromiso, expresado oficialmente en el mes de febrero, de que equipararía estas indemnizaciones a los términos nacionales cuando el Gobierno realizara una subida", denuncia el dirigente sindical, que pide a la Junta que actúe.

En este sentido, CSIF exige a la Junta que enmiende, en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, y contemple una compensación económica de 0,31 euros por kilómetro para turismos, 0,127 euros para motocicletas y un incremento de las dietas del 30%. “Toda cifra inferior a esas cuantías será inadmisible”, advierte Castro, quien cifra en 2,4 millones de euros el desembolso que debería realizar la Administración regional.

Para el sindicato, la propuesta “no es ninguna barbaridad”, ya que equivaldría exclusivamente a un aumento del 0,020% de todo el presupuesto autonómico.

El secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación en CSIF Castilla y León, Rodrigo Molledo, por su parte, asegura que no actualizar esas indemnizaciones en los

términos propuestos por CSIF impedirá compensar la escalada sostenida de precios de los carburantes, el incremento de los costes asociados al mantenimiento del vehículo y de los

seguros que tienen que asumir esos empleados por tener que usar su vehículo propio en beneficio de la administración, así como de la inflación acumulada”.

“Cada céntimo de euro que aumenta el precio de la gasolina o el gasoil es un golpe contra el poder adquisitivo de esos trabajadores, especialmente los que dependen de las

Consejerías de Sanidad y de Educación, los máximos afectados por la volatilidad de los precios de los carburantes”, avisa Molledo.

El dirigente señala que en base al presupuesto dedicado a para sufragar el kilometraje y las dietas de los empleados públicos de la Junta ha caído en picado en los últimos años.

Mientras en 2018 el pago de kilometraje supuso un gasto de 5,2 millones de euros, en 2022 no alcanzó ni siquiera los 4,6 millones de euros, lo que equivale a una merma del 27,98%.

En las dietas se pasó, en ese mismo periodo de tiempo, de 913.968 euros a 505.162 euros, una reducción de más del 44%.

Esa caída “choca” con un contexto de expansión presupuestaria de la Junta y, sobre todo, con una subida del 71% en el precio de los carburantes en el periodo de estudio.

CSIF reclama también que se eliminen las diferencias entre grupos y subgrupos de empleados públicos a la hora de percibir esas compensaciones y que se establezca la obligación de revisar esas cuantías con carácter anual, o como máximo bianual, previa negociación con las organizaciones sindicales. “Lo contrario es una tomadura de pelo”, ha

concluido Molledo.