Penas de entre 2 años y medio de cárcel y de inhabilitación a 9 condenados por el edificio de la Perla Negra

La Audiencia de Valladolid ha condenado a nueve de los once encausados en el caso conocido como Perla Negra a penas que oscilan entre dos años y medio de prisión, la más alta, e inhabilitación las más bajas, y ha absuelto a los otros dos procesados, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

El juicio contra once personas, entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, se celebró durante 21 sesiones por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como Perla Negra, y la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo (Valladolid).

En el caso de los condenados, la resolución judicial ha apreciado la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas - los hechos juzgados abarcaron entre los años 2005 y 2010 - .

En principio, fueron doce los encausados, aunque las acusaciones, en sus conclusiones definitivas, retiraron los cargos que habían atribuido al empresario Alberto Esgueva, exdirector de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo ADE.

La Fiscalía había reclamado penas que oscilaban entre once y cuatro años de prisión para los procesados y había considerado que, según los casos, se cometieron delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.

La Junta de Castilla y León se ve parcialmente resarcida con las condenas por el denominado caso de corrupción de la 'Perla Negra', con penas que son las que "más se aproximan" a la acusación particular ejercida por la Administración regional, e indemnizaciones que supondrán devolver a las arcas autonómicas más de 6,5 millones de euros.

En un comunicado, la Junta ha estimado "parcialmente resarcido el daño a la hacienda pública en la sentencia del caso del edificio de soluciones empresariales -el conocido como a Perla Negra- y la adquisición de los terrenos destinados al parque empresarial de Portillo, en Valladolid" y ha explicado que estudiará detenidamente la sentencia conocida este miércoles para ver si la recurre o no.

El fallo de la sentencia, que consta de 309 folios, establece lo siguiente para cada procesado:

- El exviceconsejero de Economía Rafael Delgado:

Condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de prisión de 2 años y 6 meses y 6 años de inhabilitación absoluta relacionado con todo cargo o empleo público que implique cualquier tipo de gestión o contratación de las Administraciones públicas y de las empresas públicas.

Condenado también por un delito continuado de prevaricación administrativa a la pena de 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el ámbito de gestión y contratación de las Administraciones públicas y de las empresas públicas.

- La exviceconsejera Begoña Hernández:

Condenada a dos años y dos meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el ámbito de gestión y contratación de las administraciones y las empresas públicas por un delito continuado de prevaricación administrativa.

- El exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán:

Condenado por un delito de delito continuado de prevaricación administrativa a la pena de dos años, un mes y quince días de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el ámbito de gestión y contratación de las Administraciones públicas y de las empresas públicas.

- El exdirector gerente de Gesturcal Salvador Molina:

Absuelto del delito continuado de malversación de caudales públicos, del delito continuado de revelación de secretos, del delito de tráfico de influencias y del delito de prevaricación continuada, de los que se le acusaba.

También ha sido absuelto del delito de fraude a la Administración, respecto del cual se retiró la acusación.

- El exdirector financiero de Gesturcal Francisco Armero:

Absuelto del delito continuado de malversación de caudales públicos, del delito continuado de revelación de secretos, del delito de tráfico de influencias y del delito de prevaricación continuada, de los que se le acusaba.

Además le absuelve del delito de fraude a la Administración, respecto del cual se retiró la acusación.

- El exadministrador de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta Germán Martín Giraldo:

Condenado por un delito de violación de secretos en concurso con un delito continuado de tráfico de influencias, respecto de los hechos del edificio de Arroyo, a la pena de 11 meses de prisión.

- Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta:

Condenado por un delito de violación de secretos en concurso con un delito continuado de tráfico de influencias, respecto a los hechos del edificio de Arroyo, a la pena de 11 meses de prisión.

- Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo:

Condenado por un delito de tráfico de influencias a la pena de 7 meses de prisión, y multa de 1.470.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 7.000 euros o fracción impagada.

- Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba:

Condenado por un delito de tráfico de influencias a la pena de 7 meses de prisión y multa de 1.470.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 7.000 euros o fracción impagada.

- Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo:

Condenado por un delito de tráfico de influencias a la pena de 7 meses de prisión y multa de 1.470.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 7.000 euros o fracción impagada.

- Carlos González, exconsejero del Parque de Portillo:

Condenado por un delito de tráfico de influencias a la pena de 7 meses de prisión y multa de 1.470.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 7.000 euros o fracción impagada.