
Medio ambiente
Tras permitirse cazar al lobo al norte del Duero, Castilla y León apunta ahora al sur
El pasado año se registraron en Castilla y León casi cuatro mil ataques a explotaciones ganaderas con 5.985 reses muertas, la mayoría de vacuno (2.963), y 430 heridas

Castilla y León está satisfecha por lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados donde se aprobó el fin de la sobreprotección del lobo en la Península Ibérica que tanto daño ha hecho a los ganaderos y al medio rural en su conjunto, al excluirse este animal de la lista de especies protegidas (Lespre).
Un cambio legislativo que permite regresar a la situación que había en 2021, cuando este animal era una especie cinegética al norte del Duero, por lo que se podrá dar caza al lobo al norte del río Duero para poder controlar más y mejor la población de este animal que ha crecido sobremanera en estos años que ha estado sobreprotegido.
Si bien, al sur del Duero aún no se podrá cazar al lobo, ya que lo prohíbe la Unión Europea desde el año 1992 a través de na directiva, algo que ha recordado este viernes en Ávila el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
De todas formas, el consejero se muestra esperanzado de que cuando la dirección europea se actualice, ago que confía en que pueda ocurrir pronto, se pueda igualmente cazar al lobo al sur del gran río qu eno sune con Portugal.
"Sería un respiro para los ganaderos de provincias como Ávila, donde la gestión cinegética del lobo lleva prohibida desde hace más de treinta años", apuntaba el consejero, quien destacaba la relevancia de la norma aprobada en la Cámara Baja a pesar de la smanipulaciones que se está haciendo por parte de algún grupo político y por algún algunos responsables de organizaciones ganaderas.
Además, desde la organización agraria Asaja también han celebrado este viernes el paso dado ayer en el Congreso para sacar al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en el norte del Duero, si bien ha exigido más cambios en Europa para poder cazarlo al sur de esta demarcación. "Solo así la victoria será completa", apuntan desde la entidad que preside Donaciano Dujo en Castilla y León.
De hecho, Asaja ya está trabajando para que la modificación se agilice en Bruselas ya que consideran que no se entiende que en el norte sí se pueda cazar al lobo y en el sur no. "Las normas hay que cambiarlas y de forma ágil", afirman.
"No vamos a parar hasta conseguir que toda la comunidad sea igual y que en el sur se consiga lo mismo que en el norte", ha asegurado Dujo, en declaraciones recogidas por Efe, para quien la solución pasa por un plan de gestión y control del lobo en toda Castilla y León, que permita garantizar la sostenibilidad del sector ganadero y evitar los ataques a la cabaña ganadera.
Aumento de los ataques de lobos
Durante el 2024 los ataques de lobos han afectado en Castilla y León a casi 6.000 cabezas de ganado, que han muerto en solo un año. Concretamente, 5.985, mientras que otras 430 heridas, una cifra récord en esta comunidad y que supone un aumento de hasta el 40 por ciento respecto al 2021, fecha en la que el lobo se incluyó en el Lespre y se impidió su caza en toda la Península Ibérica.
El pasado año, además, se registraron 3.973 ataques, un 47 por ciento más también respecto de las cifras del año 2021, según datos de la Junta y de las organizaciones agrarias.
La mitad de las cabezas muertas se corresponden con ganado vacuno (2.963 reses), fundamentalmente en las provincias de Ávila, Segovia y Zamora; seguido del ovino, con el 42 por ciento de las cabezas muertas (2.523 reses); el equino, con 295 animales muertos; y el caprino, con el dos por ciento del total, con 135 bajas.
Por provincias, Ávila aglutina el 25 % de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.525 reses muertas y 37 heridas.
Además, el importe de las indemnizaciones abonadas por los daños de lobo edurante el pasado año ha supuesto un total de 4,8 millones de euros, de los cuales, 3,8 millones se han correspondido con pagos compensatorios y 1 millón por responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños.
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