El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) ha acogido hoy la jornada de presentación del estudio “Atención integral a las personas con problemas de salud mental que envejecen en Castilla y León”, una iniciativa impulsada por la Federación Salud Mental Castilla y León con el apoyo de Fundación Caser.

El acto inaugural contó con la presencia de Enrique Cabero Morán, presidente del CESCyL; Elena Briongos Rica, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León; Mónica Hernando Ruiz, responsable de Proyectos de Fundación Caser; Reyes Pérez Rico, jefa de Servicio de Autonomía y Atención a Personas con Discapacidad; así como a María Isabel Hidalgo García, jefa del Servicio de Concertación, junto a representantes institucionales, profesionales de los ámbitos social y sanitario, personas con experiencia propia y familiares.

Fundación Caser, a través de sus ayudas de investigación sociosanitaria, apoya proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y generar conocimiento útil para la atención de colectivos vulnerables. Gracias a la convocatoria de 2023, la Federación Salud Mental Castilla y León ha podido desarrollar el estudio presentado este miércoles en Valladolid, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Fundación con iniciativas que combinan rigor científico y un impacto social real.

El estudio, que combina una metodología cuantitativa y cualitativa, ha recogido datos de más de 320 personas mayores de 45 años con problemas de salud mental, así como entrevistas y grupos de discusión con familiares y profesionales del sector. Su objetivo ha sido conocer la realidad de este colectivo en la Comunidad, identificando perfiles, necesidades, factores de riesgo y propuestas de atención integral.

Entre los principales hallazgos, el informe revela que las personas con trastorno mental grave experimentan un envejecimiento biológico más temprano, una esperanza de vida significativamente más corta y una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, con especial incidencia en las mujeres. También se constata que cerca del 90% de estas personas vive aún con sus familias de origen, muchas veces con progenitores de edad avanzada, y que un alto porcentaje de las personas mayores lo hace en soledad, sobre todo en zonas rurales, lo que incrementa su riesgo de exclusión social.

Los perfiles identificados muestran una fuerte feminización del envejecimiento en salud mental, altos niveles de desempleo o ausencia de ingresos, gran dependencia de cuidados familiares, principalmente de madres y hermanas, y un importante porcentaje de personas residentes en entornos rurales con dificultades para acceder a servicios especializados.

El informe analiza asimismo los factores de riesgo que dificultan un envejecimiento saludable, entre los que destacan la comorbilidad física, los efectos de la polimedicación, la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, el aislamiento social, la estigmatización y las desigualdades territoriales en el acceso a recursos.

Las necesidades del colectivo son múltiples y abarcan desde una atención sanitaria y de salud mental continuada y personalizada, hasta recursos de apoyo a la autonomía, vivienda adecuada, redes comunitarias de apoyo afectivo, programas específicos para mujeres mayores, servicios de rehabilitación psicosocial y oportunidades de empleo protegido u ocupacional.

Durante la jornada, Elena Briongos subrayó que “este estudio supone un punto de partida imprescindible para avanzar en un modelo más humano, coordinado y centrado en las personas”. Por su parte, el gerente de la Federación, Ángel Lozano, cerró el encuentro insistiendo en que “la atención a la salud mental de las personas mayores debe salir del ámbito estrictamente sanitario y abordarse desde la comunidad a partir de una perspectiva de derechos humanos y justicia social”.

Entre las propuestas de acción que plantea el estudio se incluyen la implantación de un modelo de atención integral y comunitaria con enfoque biopsicosocial y de derechos, el desarrollo de servicios de asistencia personal, la promoción de programas de envejecimiento activo, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria en zonas rurales, el apoyo a familias cuidadoras, la atención específica a mujeres mayores con trastorno mental grave y la detección precoz del deterioro cognitivo y trastornos afectivos en personas mayores de 70 años.

En definitiva, el informe concluye que el colectivo afronta un envejecimiento acelerado y desigual, marcado por la soledad y el aislamiento, con un acceso insuficiente a recursos especializados y un fuerte impacto del estigma social, lo que exige avanzar hacia un modelo de atención integral, equitativo y centrado en la dignidad de las personas.