El Procurador del Común insta a la Junta a promover más vivienda pública para el alquiler social

Tomás Quintana, el defensor del pueblo de Castilla y León, conocido aquí como Procurador del Común, ha presentado este martes en las Cortes regionales el informe de 2022 de esta institución propia de la Comunidad, que recoge un total de 8.247 expedientes, 1.807 quejas ciudadanas, 1.533 resoluciones, 298 más que el año anterior, y 63 actuaciones de oficio que dieron lugar a 584 resoluciones, de las que 392 fueron aceptadas, la mayoría relacionadas con la exclusión financiera en el medio rural, deficiencias en la atención pediátrica también en los pueblos, o el transporte sanitario.

"El 2022 ha sido un año normal", decía el procurador del Común, mientras recordaba que ha sido el periodo en el que se ha superado la crisis sanitaria del coronavirus y por ello también ha habido menos reclamaciones derivadas de la covid.

Pese a ello, Quintana ha instado a la Junta a implementar políticas que favorezcan la promoción de más vivienda pública para dirigirla al alquiler social de los más vulnerables o los que tienen más dificultad de acceso a una vivienda.

Para ello, recomienda al Gobierno regional que aborde también las modificaciones normativas que sean oportunas para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler con un número de inmuebles que permitan atender las situaciones de especial y urgente necesidad, pero también para que los titulares de vivienda de protección puedan realizar reformas que permitan aumentar la superficie útil de las viviendas cuando esté justificado.

Quintana destacaba las quejas que reivindican el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y pedía también a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que “no pase por alto la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores” en la tramitación de las ayudas a la vivienda.

Igualmente, el defensor del pueblo reclama a la Junta que ponga fin a la cita previa obligatoria en materia sanitaria instaurada en pandemia ya que no se considera ya imprescindible, para que se garantice la atención presencial sin más condicionantes que los estrictamente necesarios.

Asimismo, en materia educativa llama a extender el servicio de comedor escolar tiene como objetivo ayudar a las personas que residen en el medio rural a conciliar las exigencias familiares con las obligaciones laborales, dado que los adultos frecuentemente deben trasladarse a diario fuera del lugar de residencia por razones laborales.

También pide una mayor flexibilización posible de las ratios de alumnos por aula para los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados; también la debida dotación de los medios personales y materiales que garanticen una educación de calidad; así como la generalización de los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar para todos los Colegios Rurales Agrupados y para el resto de centros educativos que conforman la red de centros del medio rural.

Al mismo tiempo, el Procurador del Común plantea el establecimiento de un sistema de ayudas dirigidas al alumnado de los centros concertados que se encuentren en las mismas situaciones familiares y socio-económicas que el alumnado de los centros públicos, para hacer frente a los gastos de los servicios de comedor y transporte escolar.

En lo que se refiere a la educación especial, a partir de las correspondientes quejas recibidas, el Procurador del Común decía estar a favor de que no fueran penalizadas las faltas de ortografía en el caso de alumnos con dislexia que se presentaban a la EBAU. Además, demandó también la puesta a disposición de los alumnos con discapacidad auditiva de los servicios de intérprete cuando opten por la utilización de la Lengua de Signos Española como medio de comunicación; y también pedimos que fueran dotados los medios personales necesarios para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Respecto a las 1.533 resoluciones emitidas, un total de 170 fueron archivadas por no apreciar irregularidad y en 1.363 se formularon recomendaciones, de ellas, a 28 de febrero de este año, un total de 1.038 había recibido contestación (76,16 por ciento) y fueron aceptadas 923 (88,92 por ciento), 806 no fueron asumidas en su totalidad (77,65 por ciento) y 115 no fueron aceptadas (11,08 por ciento).

La institución recibió 938 quejas de las administraciones locales, 845 afectaron a Ayuntamientos (90,09 por ciento) y 44 a diputaciones provinciales (4,69 por ciento), y 679 quejas de la administración autonómica. De la actuación de la Administración del Estado recibió 139 quejas, que representan el 7,69 por ciento del total y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.