Transparencia recibe 517 reclamaciones en 2023 ante la falta de información proporcionada por las administraciones

En 2023, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, ha continuado desarrollando su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público. En el octavo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, los ciudadanos presentaron 517 reclamaciones.

64 de ellas fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 50 las formularon concejales de ayuntamientos y 14 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales. En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas.

Es destacable que en 3 de cada 5 de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.

Del total de las 517 reclamaciones recibidas, 271 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 219 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, y 18 frente a diputaciones provinciales. Por otra parte, 202 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración autonómica, y 13 frente a entidades integrantes del sector público institucional autonómico. 21 reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad.

La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 397, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 75 % del total de las presentadas.120 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información, denegaciones que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: la protección de datos personales; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo; falta de disposición de la información pedida por la entidad a la que se dirigía la petición; y, en fin, que la información se encontraba en curso de elaboración o de publicación general.

Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso; no obstante, las cinco materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas al empleo público, protección del medio ambiente, contratación, obras públicas y urbanismo.

En el año de referencia, el 2023, la Comisión de Transparencia ha adoptado 497 resoluciones, de las cuales 343 se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 140 se formularon a la Administración autonómica. En 322 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Las resoluciones de la Comisión de Transparencia, cabe recordar, deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada.

En 126 casos, una vez que hubo intervenido la Comisión ante la presentación de una reclamación frente al silencio o falta de respuesta a una solicitud de información ante la Administración o entidad pública, estas han proporcionado la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que reconocer de forma expresa el derecho del solicitante a acceder a la información.

En 11 resoluciones de las 497 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente.