Independentismo

Podemos activa el plan para liberar a los presos independentistas

Propone cambiar el delito de sedición y circunscribirlo al uso de armas o elementos "aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas o causar lesiones graves"

Rueda de prensa del diputado Jaume Asens Llodra, de En Comú Podem.
Rueda de prensa del diputado Jaume Asens Llodra, de En Comú Podem.Alberto R. RoldanLa Razon

La suspensión del tercer grado de los presos independentistas ha obligado a Podemos a mover ficha aceleradamente en la crisis política catalana. Tanto es así que en las últimas horas ha reactivado la propuesta de reforma del Código Penal para cambiar la definición del delito de sedición y rebajar, de esta manera, las penas a los líderes del “procés”, que oscilan entre los nueve y los 13 años. El cambio que pretende introducir el partido morado iría dirigido a reducir el ámbito de aplicación del delito y circunscribirlo a cuando haya «violencia explícita», según ha explicado esta mañana Jaume Asens, líder de los «comunes» en el Congreso de los Diputados.

La aplicación, por tanto, quedaría limitada al uso de armas u otros instrumentos «aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas o causar lesiones graves», según ha detallado en una entrevista en «Catalunya Ràdio» tras avanzarlo el diario «Ara», lo que también contribuiría a «desactivar» el uso de este delito contra movimientos sociales y activistas. La reforma legislativa tendría un carácter retroactivo y beneficiaría a los presos independentistas. Si bien, aunque estaba previsto que se aprobara en 2020, parece poco probable que antes de que finalice el año pueda estar lista.

En todo caso, es el primer paso concreto que da Podemos en favor de los presos independentistas –más allá de las declaraciones públicas–. También es cierto que la reforma del delito de sedición forma parte de la batería de cambios en el Código Penal anunciado por el Gobierno a principios de año, que han quedado congelados por la crisis del coronavirus. En la mesa, para encontrar una salida a los líderes del “procés”, también están las alternativas de la Ley de amnistía, que es la vía de que defiende el independentismo, y el indulto, una vía que los presos no están dispuestos a recorrer.

La amnistía, que es competencia del poder legislativo, parece descartada porque el Gobierno no está dispuesto a facilitarla de ninguna manera porque supondría reconocer que los hechos por los que se les ha juzgado no constituyen ningún delito -sería perdonar el delito-. Además, Asens ha recordado en varias ocasiones que podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional. El indulto, que es competencia del poder ejecutivo, parece disponer de más adeptos dentro de las filas socialistas –por ejemplo, Miquel Iceta se ha posicionado a favor en alguna ocasión–, aunque los independentistas rechazan transitar ese camino porque implica asumir la comisión del delito -sería perdonar lo que resta de pena-.

UGT, en todo caso, registró a mediados de junio la petición de indulto en el ministerio de Justicia para la exconsellera Dolors Bassa, condenada a 12 años de prisión.

Lo cierto es que la presión política y social del separatismo contra el partido morado en Cataluña, acentuada durante los últimos días a raíz de la suspensión del tercer grado de los presos, empieza a surtir efecto. Las fuerzas independentistas recriminan que no haya habido ningún avance ni en materia de autodeterminación ni en materia de presos y equiparan, en este ámbito, la actuación de Podemos en el Gobierno al de Mariano Rajoy. De hecho, recuerdan que los presos «pronto» llevarán más tiempo en la cárcel con este ejecutivo que con el del PP.

Asens considera que la reforma es asumible para el PSOE, pero el giro y acercamiento de los socialistas hacia Ciudadanos puede variar por completo ese planteamiento. Los naranjas, que siempre se han mostrado instransigentes a las demandas de los independentistas, pueden condicionar cualquier acuerdo con el Gobierno a que no haya ninguna cesión a los separatistas.

El PP ha reaccionado de inmediato. El secretario general de los populares catalanes, Daniel Serrano, ha advertido de que esta reforma “sería la concesión del indulto por la puerta de atrás”. “No hay demanda social para la modificación de este tipo penal y la modificación, hasta casi su despenalización, sería el camino para la impunidad en caso de volver a repetir actos como los juzgados en este caso”, ha afirmado.