Forcadell obligará al Gobierno a pronunciarse sobre su indulto

El Ministerio de Justicia tiene una segunda petición de indulto para uno de los condenados del «procés», en este caso para Carme Forcadell. Ayer por la mañana, tres expresidentes del Parlament –Joan Rigol (ex Unió), Ernest Benach (de ERC) y Núria de Gispert (también de la extinta Unió)– formalizaron la solicitud en la Delegación del Gobierno junto a una carta dirigida al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumentando los motivos de una iniciativa propia de los exdirigentes de la cámara sin Forcadell.

«Lo hacemos con la absoluta convicción de que Forcadell, cuando actuó, lo hizo cumpliendo con el reglamento del Parlament y el Estatut», resumió Benach en una rueda de prensa conjunta en el Parlament con Rigol y De Gispert. Los tres comparecieron ante los medios para explicar la iniciativa y dejar claras dos cuestiones: por un lado, que son ellos y no Forcadell –fue informada, nada más– los que impulsan la petición de indulto «por un sentido absolutamente institucional»; y por el otro, que coinciden en que la mejor solución sería una ley de amnistía que devolviera al cauce del diálogo el conflicto catalán.

«La amnistía depende de las Cortes Generales y es muy difícil ver una mayoría en este sentido. En cambio, el indulto depende del Gobierno, y es más fácil de gestionar», admitió el expresidente Joan Rigol sobre el posible recorrido de la petición, que debe ser aceptada a trámite por el Ministerio de Justicia y trasladarla al Consejo de Ministros, que debe resolver el expediente en un plazo máximo de un año.

De hecho, los tres presionaron e insistieron en que el indulto sería «gesto significativo» y contribuiría a «la resolución de un conflicto político que no se puede enquistar ni alargar más en el tiempo».

«A Forcadell se la juzgó por haber gobernado el Parlament de Cataluña, tal y como dispone el reglamento de la Cámara, por haber dejado debatir, y por haber permitido la votación de las propuestas que hacían los grupos parlamentarios. Y por estos supuestos delito la condena ha sido durísima, hasta 11 años y medio de prisión», reiteran en la misiva remitida al ministro de Justicia.

Esta es la segunda petición de indulto después de la registrada el 15 de junio por el sindicato UGT de Cataluña para Dolors Bassa, condenada por el Tribunal Supremo a 12 años de cárcel. Bassa era la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales en el gobierno de Carles Puigdemont, puesto al que llegó desde la Secretaría general de la UGT de Girona.

Por tanto, y tras los pronunciamientos obligados del Tribunal Supremo y la Fiscalía, el Gobierno se verá en la encrucijada de tener que decidir sobre Dolors Bassa y también sobre Carme Forcadell. La petición fue muy criticada por el nuevo líder de Cs, Carlos Carrizosa.