Un hombre de Barcelona fue en 2015 a comprobar varios décimos y boletos de la lotería, y a pesar de tener un premio de 150.000 euros en la administración sólo le pagaron 192 euros. Estos presuntos delitos de estafa serán juzgados próximamente en la Audiencia de Barcelona.

La propietaria de la administración, Teresa Lorenzo, y su cómplice y yerno, Diego Panedas, se enfrentan a una pena de dos años de prisión ella y de un año él.

El hombre pasó primero su premio por un terminal automático que hay en el exterior y recibió un boleto que decía “Premio Superior” y decidió ir hasta la taquilla para comprobar, uno por uno, los décimos y los boletos que tenía.

La propietaria de la administración pasó las participaciones por la máquina, y dijo al hombre que tenía un premio de 192 euros, que también había ganado. El boleto del Gordo de la Primitiva, premiado con 150.000 euros, lo escondió y sólo le pagó los casi 200 euros de otro premio. Avisó al yerno para ingresar el premio

Con el boleto que tenía un premio de 150.000 euros, la mujer llamó a su yerno, con el fin de dificultar que pudieran seguir el rastro de la estafa. Le encargó, presuntamente, ir al banco a ingresar el dinero. El hombre sabía perfectamente que el boleto había sido robado de un cliente e igualmente, según el fiscal, aceptó ir a cobrarlo. Se presentó en una entidad de Banco Santander y recibió 125.945,18 euros, la suma total del premio después de haberse descontado los impuestos.

El premiado, a pesar de haver cobrado 192 euros, tenía dudas sobre el premio e hizo algunas comprobaciones, hasta que puso el caso en conocimiento de Loterías y Apuestas del Estado. Finalmente presentó una denuncia a los Mossos d’Esquadra. La policía catalana detuvo a Panedas, quien, al aceptar los hechos, ingresó en un número de cuenta propiedad de la víctima el dinero del premio y 1.500 euros como “indemnización”.

La Fiscalía pide que la mujer, la propietaria de la administración, sea condenada como autora de un delito de estafa y que le caigan dos años de cárcel. Igualmente, quieren que durante diez años no pueda ser responsable o trabajar en la venta de lotería estatal. La Fiscalía también pide una multa de casi 2.500 euros. Para el yerno de la responsable de la administración, la Fiscalía pide una pena de un año de prisión por el delito de receptación, que es vender o cobrar productos que sabes que son robados.