España

Desafío independentista

El juez autoriza permisos de salida a Junqueras, Turull y Romeva a pesar de la oposición de la Fiscalía

El Ministerio Público siempre ha rechazado las salidas de la cárcel de estos presos

El exconseller de JxCat, Jordi Turull, el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el líder de ERC Oriol Junqueras en un acto. Kike Rincón / Europa Press
El exconseller de JxCat, Jordi Turull, el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el líder de ERC Oriol Junqueras en un acto. Kike Rincón / Europa PressKike Rincón

Los presos políticos han cumplido una cuarta parte de la condena y tienen derecho a permisos penitenciarios de hasta siete días. Eso no impide que la Fiscalía los rechace de forma sistemática. A pesar de ello, el juez ha avalado los últimos que han pedido Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.

La Fiscalía considera que los “presos del procés” deben seguir en prisión. El mes pasado pidió que así lo acuerde el Tribunal Supremo cuando se resolviera el recurso de apelación por el que pide que se suspenda la decisión de la administración penitenciaria catalana de dejar a los líderes independentistas en régimen de semilibertad. El recurso persigue que se corrija al juez de vigilancia que denegó la suspensión del tercer grado concedido a los políticos condenados. La Fiscalía sostiene que ese juez ha dejado de aplicar el artículo de la Ley del Poder Judicial introducido en su día para evitar, precisamente, excarcelaciones prematuras. El recurso presentado afectaba a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Quim Forn.

El fiscal tenía recurrida la concesión del tercer grado a los presos, y cuando formalizó esta iniciativa pidió al juez de vigilancia penitenciaria que los presos volvieran a la cárcel hasta decidir sobre el fondo del asunto. Los fiscales dicen que la negativa del juez fue “improcedente, por no decir extravagante”. El paso al tercer grado fue acordado por la Secretaria de Mesures Penals, equivalente en la Administración catalana a Instituciones Penitenciarias. Y el juez de vigilancia penitenciaria respondió al fiscal que no procedía esa suspensión por la vía del recurso presentado, que solo cabría ante decisiones judiciales, no administrativas.

Este mismo mes de abril hubo un nuevo revés judicial para el independentismo. El magistrado del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Barcelona estimó el recurso de la Fiscalía, y revocó el tercer grado otorgado a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la ex consellera de la Generalitat, Dolors Bassa. Ambas se encontraban en semilibertad desde el pasado 28 de enero, aunque al depender de un juez diferente del resto de presos independentistas porque están situadas en centros penitenciarios distintos, la resolución final se ha demorado más.

De esta manera, los nueve presos independentistas volvieron al segundo grado y la cuestión difícilmente llegue al Tribunal Supremo como en la anterior ocasión, cuando los jueces de vigilancia penitenciario tumbaron el recurso de la Fiscalía y el Ministerio Público recurrió ante el tribunal sentenciador. Como todos han cumplido ya una cuarta parte de la condena, ahora pueden tomar 36 días de permisos penitenciarios para salir de prisión a ver a sus familias. En tercer grado, los presos solo tienen que ir a dormir a la cárcel entre el lunes y el jueves.

Estas resoluciones judiciales acrecientan la presión sobre el Gobierno para tomar medidas que permitan liberar a los nueve presos. El indulto o la reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición son las dos vías contempladas, aunque su materialización se está retrasando ante la indignación de Esquerra o JxCat.

En el fallo de Forcadell, el juez asegura que tiene en cuenta “la insuficiencia explicativa de la evolución y progresión del tratamiento que ha seguido” ya que considera, entre otras cosas, que debe haber una “justificación reforzada” para pasar a tercer grado sin haber cumplido la cuarta parte de la condena -la expresidenta del Parlament la cumplió el 11 de febrero y obtuvo la semilibertad el 29 de enero-. También remarca que no ha admitido que cometió el delito por el que fue condenada. “Por todo ello se califica de prematura la progresión primera reseñada, siendo necesario un mayor lapso temporal para valorar adecuadamente la evolución de la penada y del tratamiento penitenciario”, señala.

Respecto a Bassa, el juez ve una “justificación reforzada” en que cumplió un cuarto de su condena en febrero, pero aun así también califica de prematura su progresión a tercer grado.