La conselleria de Salud ha reanudado este lunes la vacunación de covid-19 con dosis de Moderna a los agentes de la Guardia Urbana y la Policía Nacional en un complejo de la Zona Franca de Barcelona, tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Generalitat había priorizado medicar a la gente mayor de 70 años que a estos cuerpos policiales.

Según han explicado fuentes del sindicato Jupol a Europa Press, este lunes por la mañana los agentes se dividen en dos grupos para iniciar la vacunación: el primer grupo empieza a las 9 horas y el segundo a las 11 horas.

El TSJC dio un plazo máximo de 10 días al Govern de la Generalitat --que expira el día 6 de mayo-- para reanudar la vacunación contra la covid-19 a policías y guardias civiles y alcanzar “la misma proporción” de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d’Esquadra, un 80%.

El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, en unas declaraciones a los medios ha agradecido al TSJC que haya tenido en cuenta las denuncias de los sindicatos de policía Jupol y Jucil para empezar con la vacunación, y ha expresado: “Es una lástima que tengamos que acudir a instancias judiciales para que seamos vacunados, que no se nos haya tenido en cuenta como al resto de agentes de Cataluña.

“Esperamos que esto no siga sucediendo: el abandono que estamos sufriendo en Cataluña por parte del Govern de la Generalitat. Esperamos que esto no sea sólo un dulce para que nos callemos, que no tengamos que recurrir por segunda vez a vía judicial para recibir la segunda dosis de esta vacunación”, ha añadido.

Por su parte, la secretaria regional de Jucil, Milagros Cívico, ha declarado que están en desacuerdo con las palabras de “algunos políticos de la Generalitat” respecto a la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ha sentenciado: “Nosotros no estamos aquí para paralizar la vacunación de nadie. Gracias a la demanda hoy estamos aquí, hoy se empiezan las vacunaciones y hoy se hace justicia. Esperamos que cuando acabe esta semana estemos vacunados un 80%, igual que los Mossos d’Esquadra”.

La vacuna de Moderna requiere de dos dosis para generar inmunidad frente al virus con un intervalo mínimo de 28 días entre inyecciones y, en Cataluña, se ha administrado desde los hospitales por sus particularidades de conservación a profesionales sanitarios y pacientes con enfermedades crónicas, entre otros enfermos con complejidad.

En Cataluña se empezó a vacunar con AstraZeneca a los colectivos esenciales --entre los que se incluyen los policías-- dada la limitación de vacunar a mayores de 55 años que había en España pero se frenó tras la suspensión cautelar de dicha vacuna y, cuando se retomó, pasó a ser a mayores de 60 años; por eso se dejó de inocular a esenciales en detrimento de la población general más vulnerable acorde a un criterio de edad, según explicó la Generalitat.

De esta manera, la Guardia Civil y la Policía Nacional volvieron recientemente a estar en el ojo del huracán en Cataluña, por lo que el TSJC intercedió y obligó al gobierno catalán a vacunar a los agentes de ambos cuerpos destinados en la autonomía. La Generalitat respondió, criticando el criterio judicial y lanzando mensajes para situar a la opinión pública en contra.

En este sentido, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, aseguró que la vacunación a los dos cuerpos policiales supondrá retrasar la administración de dosis a personas mayores de 70 años. Carles Puigdemont reprochó que los policías “continúan privilegiados y protegidos por el sistema español”.

En cualquier caso, el principal argumento que ha dado la Generalitat hasta ahora para justificar el retraso de la vacunación a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional es que recibieron tarde los datos (el censo) y eso impidió vacunarles al mismo tiempo que los cuerpos policiales de la Generalitat. Si bien, desde la Guardia Civil, la portavoz de la asociación Jucil, Milagros Cívico, sostiene que los datos llegaron a tiempo y cuando se pidieron.

Lo cierto es que los policías están inscritos en el grupo 6 (grupo de trabajadores esenciales, junto a profesores) dentro del plan de vacunación elaborado por el Gobierno y la campaña empezaba el 25 de febrero. “Una vez empezó, no nos llamaron ni nos dieron cita”, explica Cívico. Tras días sin saber nada de la Generalitat, presentaron un escrito a la delegación del Gobierno para pedir información sobre el proceso de vacunación y ya el viernes 12 vacunaron a algunos agentes. El lunes 15, también a más efectivos, pero esa tarde, el Gobierno decidió paralizar la vacunación con AstraZeneca.

La administración de dosis de AstraZeneca se retomó el 25 de marzo y los guardias y policías estaban citados para el 25, 26 y 29 de marzo. Sin embargo, un día antes, el 24 de marzo, se les notificó que al final no se les vacunaba y solo se vacunaría a los agentes de entre 60 y 65 años.

En este sentido, antes de que retomara la vacunación, a 24 de marzo, según queda recogido en el auto del TSJC gracias a los datos facilitados por la propia Generalitat, la diferencia de administración de dosis entre los cuerpos policiales dependientes de la Generalitat y los del Estado era abismal. Así, a esa fecha, habían sido vacunados el 77% de los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de las Policía Locales y de la Guardia Urbana de Barcelona, frente al 3,6% y 2,8% de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.

Un mes más tarde, a 22 de abril habían variado poco los datos porque los Mossos estaban vacunados en un 80,3%; las Policías Locales, 71,2%; la Guardia Urbana, 79,1%; la Policía Nacional, 9,9; y, la Guardia Civil, 6,3%.

La Generalitat, además de alegar falta de datos, también aduce que el cambio en el plan de vacunación dictado por el Gobierno tras la paralización de AstraZeneca ha impedido que ambos cuerpos policiales fueran vacunados. La consellera de Salud, Alba Vergès, ha explicado hoy que el cambio de criterio priorizando “riesgo y edad” ha hecho que se frene la vacunación en el grupo 6 de trabajadores esenciales, donde están policías, bomberos, agentes rurales o profesores.