Choque por la reforma del reglamento del Parlament para blindar a Laura Borràs

Nueva polémica en el Parlament con Laura Borràs (Junts) en el punto de mira. Los servicios jurídicos han elaborado una propuesta de reforma del reglamento de la cámara catalana a petición de la Mesa -bajo el pretexto de que fuese de carácter “técnico” y “lingüístico”- que a la práctica permitiría blindar a la presidenta de la institución ante una eventual apertura de juicio oral o ante un posible procesamiento judicial contra ella.

El informe de los letrados ha llegado este martes al órgano rector del Parlament por sorpresa y prácticamente a última hora, con un cambio en el orden del día que ha cogido por sorpresa a los partidos. De llevarse a cabo, la reforma no sería inmediata y las distintas formaciones tendrían que poner en marcha una comisión para redactar una propuesta antes de elevarla al pleno. “Las modificaciones legislativas las tienen que hacer los grupos en ponencia, no la Mesa”, resumen fuentes parlamentarias para dejar en manos de los partidos su impulso.

El informe que ha recibido la Mesa, adelantado ayer por “El Periódico”, consta de 244 páginas y ha generado una fuerte polémica al incluir una sugerencia que podría ser clave dada la situación personal de Borràs, la presidenta del órgano rector. En la sección dedicada a las “causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios”, el informe sugiere la modificación del artículo 25 del reglamento de la cámara para eliminar el apartado 4.

Este apartado -que quedaría eliminado- establece que “en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata”.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a Borràs por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017.

También se propone eliminar la posibilidad, contemplada dentro de este mismo artículo 25, de que los diputados puedan ser suspendidos “si es firme el auto por el cual se abre juicio oral contra ellos o se acuerda su procesamiento, dada la naturaleza de los hechos imputados”.

Según el razonamiento de los letrados, el apartado 4 que quedaría eliminado “no tiene ningún precedente ni referente” en el derecho parlamentario y contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental -como es el de la participación política- que presenta “serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental.

El caso ha evidenciado de nuevo las discrepancias en el seno del independentismo: la CUP se opone frontalmente a dicha modificación y recuerdan que fueron ellos mismos los que impulsaron el artículo que ahora se quiere suprimir. Sí están a favor de una reforma del reglamento más genérica que ya se intentó en la pasada legislatura.

El choque también ha sido evidente con los partidos de la oposición, que acusan a Borràs de impulsar una modificación “a la carta” de la normativa. “Esta es una reforma a la carta de la presidenta, a quien dentro de poco solo le faltará poner su foto sobre el escudo de la entrada”, ha criticado el dirigente de los comunes -la facción que cobija a Podemos en el Parlament-, David Cid. El PSC también se ha opuesto frontalmente y ha acusado a la presidenta de la cámara de “extralimitarse en sus funciones” y no mostrar “respeto a los grupos parlamentarios”.