La Generalitat aprueba los presupuestos más inciertos: sin socios y bajo la amenaza de la CUP

Semana clave para la imberbe legislatura catalana, que apenas suma cinco meses de vida con Pere Aragonès y Esquerra al frente de la Generalitat. Menos de medio año después llega la primera prueba de fuego con la presentación y tramitación de los presupuestos para 2022, un proyecto que debe servir para gestionar la pospandemia y materializar la llegada de los fondos europeos contra la Covid-19. Y el Govern los aprobará de la forma más incierta posible, sin los apoyos garantizados y bajo la amenaza de la CUP, socio de investidura y única opción para ERC y Junts pese a las sucesivas discrepancias aireadas por los antisistema.

Y lo hará en tiempo de descuento, a dos meses de que termine el año y en plena contrarreloj si el objetivo sigue siendo que entren en vigor a principios de 2022. A la dificultad del calendario hay que añadirle las dudas de la CUP, que amaga con no apoyar la tramitación de las cuentas -con una enmienda a la totalidad- y decidirá parte del devenir de la legislatura en unas asambleas convocadas para este fin de semana. Es decir, los antisistema dejan el mandato de Aragonès en manos de sus bases, siempre impredecibles en votaciones como la del próximo domingo.

Por el momento y de puertas hacia fuera, el Govern no contempla un “plan B” bajo el mantra de que el acuerdo de investidura entre Esquerra y la CUP incluía su compromiso de facilitar la “estabilidad presupuestaria” en este primer tramo de legislatura. Y es que Aragonès ha esgrimido en los últimos meses que aprobar los Presupuestos es la manera de poder ejecutar los compromisos a los que se comprometieron con los antisistema en el acuerdo de investidura que alcanzaron con ERC, un pacto del que Junts se desmarca -en sus manos está la cartera de Economía bajo la batuta de Jaume Giró- y que la CUP ya cuestiona por una gestión del día a día que tilda de “autonomista”.

A todo esto hay que añadirle diferencias en cuestiones marco como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la candidatura Barcelona-Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, las discrepancias en torno a la revisión del modelo policial -ERC y Junts tumbaron la moratoria para el uso de las balas de foam- y la falta de acuerdo sobre cómo avanzar el proceso independentista. También afloran las diferencias en fiscalidad -los posconvergentes, dueños de la llave, se han plantado y se niegan a subir los impuestos- en vivienda o en el plan sanitario para hacer frente a la pospandemia.

Ante este escenario, el plan del independentismo es seguir negociando con la CUP a lo largo de esta semana para lograr, como mínimo, que los antisistema no planteen una enmienda a la totalidad que bloquee la tramitación de las cuentas en el Parlament. Las cesiones han sido varias y el Govern ya se ha plegado a la CUP en crear una energética pública o en el anuncio de avanzar hacia la gestión pública del teléfono de asistencia sanitaria del 061, y se prevén más a lo largo de estos días.

Por tanto, Esquerra y Junts siguen enrocados en señalar a la CUP como “socio prioritario” para los presupuestos y desdeñan los sucesivos ofrecimientos del PSC y de los comunes. De hecho, los socialistas tensan la cuerda, redoblan la presión y se ofrecen a negociar a cambio de nada, a cambio de que “Cataluña tenga unos presupuestos”. El Govern de Pere Aragonès tiene “dos opciones: o bien pactar los Presupuestos con los radicales, o con la centralidad política que representa el PSC”. La clave es situarse en el centro del tablero y las cuentas son una vía abierta en caso de que la CUP trate de torpedearlas.

Y es que ante la ante la posibilidad que los antisistema rechacen los presupuestos, los comunes -la facción que cobija a Podemos en Cataluña- también han movido ficha y se han ofrecido a negociar las cuentas como ya ocurrió en 2020, cuando las apoyaron con su abstención.

Dos ofrecimientos, en especial el del PSC, rechazados de momento por ERC y Junts en plena cuenta atrás para unas cuentas que hoy se registrarán en el Parlament.