Piden 8 años de cárcel para el ex alcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos

La fiscalía ha presentado el escrito de acusación de la pieza 31 del caso Mercurio, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación en diversas administraciones públicas. Según informa la plataforma Sabadell Libre de Corrupción, que ejerce de acusación popular, pide ocho años de cárcel para el entonces alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, y otros 3 por el delito continuado de tráfico de influencias, además de multas de 205.500 euros y 5 y 7 años de inhabilitación, respectivamente.

También se piden cinco años de cárcel para su hermano Paco, cinco años de inhabilitación especial y multa de 5.500 euros por falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos. La información se hace pública una vez la juez del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, que instruye el caso Mercurio, ha dado por finalizada la instrucción de la pieza número 31 y ha dado traslado del escrito de acusación de la fiscalía anticorrupción.

En él, solicita imponer las correspondientes penas a los acusados y solicita la apertura de juicio oral. Concretamente, esta pieza investiga la contratación irregular de Marta Solé Costa y de la ex-concejala socialista de Sabadell Anna Carrasco en el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, y de Carmen Sendrós Díez en el Área Metropolitana de Barcelona. Así, en su escrito la fiscalía pide para Manuel Bustos tres años de prisión, siete de inhabilitación especial y multa de 200.000 euros por el delito continuado de tráfico de influencias.

Además, añade cinco años de cárcel, cinco años de inhabilitación especial y multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos. Para su hermano Paco Bustos, que también fue concejal en el Ayuntamiento de Sabadell por el PSC, pide cinco años de prisión y cinco de inhabilitación especial, con una multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por otro lado, también hace una petición de doce años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa para quien entonces era gerente del Consorcio de Residuos, Paco Fernández Ortega.

En 2018, la Audiencia de Barcelona condenó a tres años de cárcel a Bustos por ordenar a la Policía Local que retirara sendas multas de tráfico que había impuesto a su esposa e hijos en 2012, cuando gobernaba el municipio.

Se condenó a Bustos por dos delitos de tráfico de influencias y le impone además 16 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 400 euros. Ésta es la segunda condena que acumula Bustos por la investigación del caso Mercurio sobre presuntas irregularidades en este Ayuntamiento, después de la que le impuso en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), junto al ex número dos del PSC Daniel Fernández, por usar su influencia sobre una alcaldesa socialista para que empleara a una exalto cargo del tripartito.

Las gestiones del ex alcalde para que se saldaran las multas a su familia se destaparon en las intervenciones telefónicas que acordó un juez de instrucción de Sabadell, a raíz de las sospechas de presunta corrupción de empresarios y concejales del consistorio.

En su sentencia, el tribunal condenó además a quince meses y un día de cárcel y a once años y medio de inhabilitación para cargo público a Josep Miquel D., el ex intendente de la Policía Local que anuló las multas, por un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación administrativa. Por el contrario, absuelve a Xavier I., excoordinador de Espacio Público de Sabadell del delito de malversación del que se le acusaba, al no haber podido probar que pagara una de las multas con dinero público, como el propio procesado explicó a Bustos en una conversación telefónica intervenida.

La sala impuso a Manuel Bustos la condena por tráfico de influencias en su mitad superior, al considerar el delito agravado, puesto que el ex alcalde «consiguió el propósito buscado», que era que se anularan las multas a sus familiares.

Para el tribunal, la conducta de Bustos «supone un menoscabo para el interés general, atacando la objetividad e imparcialidad de la función pública», cuando como alcalde tenía «una obligación mayor de proteger el interés público, al haber sido elegido por la generalidad de las personas para salvaguardar dicho interés».

Según cree probado la Audiencia, en 2012 el ex alcalde intervino para que se retirara una multa de 200 euros que la Policía Local había impuesto a su esposa por estacionar su coche en una parada de transporte público.

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