El Govern, en manos de la CUP pese a las múltiples concesiones

La política catalana vuelve a depender de la CUP, a estar sumida a unas bases impredecibles y enconadas que decidirán parte del rumbo que tomará a partir de ahora la legislatura con una consulta entre sus bases para decidir qué hacer con los presupuestos de la Generalitat. El Govern de Pere Aragonès, que no suma ni medio año en el cargo, está en manos de los antisistema después de haber fiado la negociación de las cuentas de la Generalitat únicamente a los socios de la investidura, a la «mayoría independentista del 52%». Es decir, a la CUP, muy recelosa de apoyar el proyecto presentado esta semana.

Y para atraer su voto, el Ejecutivo de Esquerra y Junts acumula renuncias y concesiones sin éxito. El jueves a última hora de la noche y en otro episodio de un nuevo sainete independentista, el Govern reconoció sus últimas concesiones a la CUP después de que los antisistema las distribuyeran entre sus bases. Entre ellas está el compromiso de Aragonès de retirar de los presupuestos las partidas destinadas al macrocomplejo de turismo y ocio Hard Rock en Salou (120 millones) –un gesto desdeñado por la propia CUP al decir que el Ejecutivo no debería ni haberlo incluido– y a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 (800.000 euros).

En otro claro guiño a los antisistema, la propuesta de acuerdo del Govern también incluye la retirada de las acusaciones particulares de la Generalitat en siete casos de los incidentes en las manifestaciones celebradas el 30 de enero de 2018, en la investidura telemática fallida de Carles Puigdemont.

Además, se compromete a iniciar «un proceso de revisión sistemática de todos los procedimientos abiertos en los que hay acusación particular de la Generalitat» y la retirada de aquellos en los que no haya lesión de ningún trabajador público o no se haya podido acreditar la autoría.

De hecho y a pesar de estas concesiones –calificadas de «mercadeo» por parte del PSC– el apoyo de los anticapitalistas está en el aire y parece complicado después de recibir la última propuesta de la Generalitat y asegurar taxativamente que no son los presupuestos que haría la CUP. Y este fin de semana se reúnen las asambleas de las diferentes agrupaciones para decidir que posición tomar –si bloquear la tramitación de las cuentas con una enmienda a la totalidad, permitirla o incluso si dar su visto bueno– antes de que el lunes voten de forma telemática los afiliados. La incógnita es total porque la CUP es una suma de organizaciones locales que en ocasiones tienen poco que ver unas con otras, con lo que el apoyo no está garantizado.

Más bien al contrario. El ruido de sables es ensordecedor y los dos principales partidos de la CUP se muestran contrarios. Los más anticapitalistas, Endavant, dicen que «los avances son escasos» por lo que se debe «dar por acabado» el pacto de legislatura. Poble Lliure, los más independentistas, valoran que la propuesta del Govern de Aragonès no «representa ningún avance sustancial ni a nivel social ni a nivel nacional».

Según fuentes de la CUP, en total tendrán lugar hasta mañana trece asambleas territoriales de carácter presencial, una de militantes que residen en el extranjero y otra más telemática. El período de votación se iniciará a las 23:59 horas del domingo y finalizará el lunes, también a las 23:59 horas. Eso sí, los resultados no se darán a conocer hasta el martes en el Parlament.

El Govern se ha volcado en atar a la CUP –ayer mismo ERC volvió a apelar a la mayoría independentista de la investidura y pidió no desaprovecharla– porque son conscientes de que un desacuerdo sacudiría la legislatura y les dejaría en manos de Comunes y el PSC, formaciones que jugarán en el tablero político catalán también con la condición de conseguir estabilidad en el Gobierno. El PSC ha dicho por activa y por pasiva que darán apoyo a la tramitación presupuestaria «sin nada a cambio», porque así Salvador Illa sitúa a los socialistas en el centro de la partida lo que para los cuperos es la ruptura de la mayoría independentista y la «estabilización» del Estado en Cataluña. Este cambio de cromos «no lo podemos aceptar» afirman desde la CUP dejando los presupuestos en el aire.