¿Por qué las feministas protestarán contra la ley trans el sábado 21 en una marcha en Barcelona?

Este sábado 21 de junio, Barcelona acogerá una de las principales manifestaciones convocadas por el Confluencia Movimiento Feminista, dentro de una jornada de protestas coordinadas en hasta veinte ciudades españolas. El objetivo de estas movilizaciones es presionar al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional la conocida como ley trans, aprobada en 2023 a propuesta del Ministerio de Igualdad entonces liderado por Irene Montero.

La protesta en la capital catalana se suma a otras previstas en Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao o Vigo, y se produce en un contexto jurídico complejo. El Tribunal Constitucional debatió en mayo una ponencia redactada por el magistrado Juan Carlos Campo, que validaba la norma en lo esencial, aunque con algunas reservas. Sin embargo, el texto fue rechazado por una mayoría de magistrados, incluidos tanto conservadores como parte de los progresistas, lo que ha aplazado la resolución definitiva del alto tribunal al mes de septiembre. Las organizadoras, que han pedido la recusación de Campo por haber sido ministro de Justicia cuando se gestó la ley, consideran que no puede actuar como “juez y parte”.

Choque de ideologías: el feminismo frente al transactivismo

Las manifestaciones del sábado se inscriben en un conflicto ideológico más profundo: el que enfrenta al feminismo radical, aquel que va a la raíz del supuesto sistema patriarcal, con las teorías queer y transactivistas que cuestionan la relevancia política del sexo biológico. Para el feminismo clásico, el sexo no es una construcción social, sino un hecho material, biológico e inmutable. A continuación, las principales razones del rechazo feminista a la ley trans:

• Vulneración del artículo 14 de la Constitución: la ley trans permitiría la autodeterminación del sexo registral sin necesidad de pruebas médicas ni informes psicológicos, lo cual, afirman, erosiona el principio de igualdad entre los sexos recogido en la Carta Magna.

• No hay base científica: no hay ninguna evidencia científica, dicen las feministas, que respalde la teoría de que una persona se convierta en aquello que se autopercibe.

• No hay fundamento filosófico ni metafísico: del mismo modo, juzgan absurda desde el punto de vista filosófico la teoría de que la percepción subjetiva de una realidad transforme el aspecto material o natural de esa realidad.

• Supeditación de normas: las feministas denuncian que la ley trans contradice la jerarquía normativa, al colocar por encima del marco legal de igualdad una ley sectorial aprobada sin consenso ni asesoramiento técnico suficiente.

• Eliminación de los espacios seguros para mujeres: con la autodeterminación de género, se pone en riesgo la seguridad de las mujeres en espacios como cárceles, baños, vestuarios o refugios. El caso de agresores sexuales ingresados en módulos femeninos ha sido uno de los ejemplos más citados por las activistas.

• Desnaturalización del deporte femenino: permitir que personas con biología masculina compitan en categorías femeninas equivale, según las convocantes, a un caso de dopaje legalizado, por la ventaja física que se mantiene pese al cambio registral.

• Pérdida del sentido de las políticas paritarias: el acceso a puestos reservados para mujeres en listas electorales, oposiciones o convocatorias específicas puede verse distorsionado si basta con la autoidentificación de género para acceder a dichos beneficios.

• Instrumentalización del cambio registral: se han detectado casos de hombres que han modificado su sexo legal para eludir la Ley de Violencia de Género, o para beneficiarse de rebajas penales, lo que pone en duda la seguridad jurídica del sistema.

• Falta de justificación sanitaria: la eliminación de los informes médicos y psicológicos, lejos de proteger a las personas trans, priva a quienes sufren disforia de un acompañamiento profesional que garantice su bienestar integral. Las feministas critican que se presenta como derecho humano lo que es, en realidad, una supresión de garantías.

• Desprotección de menores: la posibilidad de iniciar procesos de cambio de sexo en menores de edad —aunque con ciertas condiciones— abre la puerta a decisiones irreversibles, en una etapa especialmente vulnerable del desarrollo personal.

• Colonización del sujeto político “mujer”: la ley redefine el concepto de “mujer” en base a una identidad autopercibida, diluyendo así su significado como categoría política basada en la opresión estructural que sufren las personas con sexo femenino.

• Inspiración en precedentes internacionales: las convocantes apelan a sentencias como la del Tribunal Supremo del Reino Unido, que ha determinado que el concepto de “mujer” en la legislación de igualdad debe ser biológico, sin posibilidad de alterarse por leyes de reconocimiento de género.

Según cifras oficiales, más de 10.600 personascambiaron su sexo en el Registro Civil entre 2023 y 2024, con una mayoría de hombres que pasaron a ser registrados como mujeres. Este incremento ha generado preocupación por el posible uso estratégico de la ley para obtener ventajas jurídicas, políticas o profesionales.

El movimiento feminista que protesta este sábado no niega la existencia de personas trans ni su derecho a vivir con dignidad, pero exige que los derechos adquiridos por las mujeres en base al sexo no se vean desnaturalizados ni socavados por una concepción individualista y desmaterializada de la identidad.