La Generalitat redobla el desafío ante las denuncias por incumplir el 25% de castellano

El Govern de Pere Aragonès sigue en sus trece y no está dispuesto a dar su brazo a torcer en materia lingüística, con el catalán en el centro del nuevo campo de batalla del “procés”. Instalado en el desacato tras el varapalo del Tribunal Supremo a la inmersión al avalar la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo, el Ejecutivo se muestra impasible ante el goteo de denuncias que puedan llegar e insiste en el desafío.

Y es que la entidad Hablamos Español ha sido la primera en denunciar al consejero de Educación, Josep González-Cambray, ante la Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación. Todo después de que el dirigente pidiera directamente a los directores de los centros educativos que desobedezcan y no den más clases en castellano pese al fallo de la Justicia. Una orden por carta remitida 24 horas después de una sentencia que tiene afectación en todo el sistema educativo catalán, del que Cambray es su máximo responsable.

Para la entidad, el hecho de que el consejero enviara una circular a los más de 5.000 centros educativos en la que “imparte instrucciones para que el fallo judicial logrado por la Abogacía del Estado no se acate”, es constitutivo de ese delito. “González-Cambray, prevaliéndose de su cargo público y plenamente consciente de su injusticia y completa incompatibilidad con el ordenamiento jurídico imparte unas instrucciones abusivas para que no se acate un fallo judicial firme”, reitera.

Una denuncia que este martes la propia Generalitat ha desdeñado al augurar el “poco recorrido” que tendrá a nivel jurídico, según sus palabras. “Esperemos que la Fiscalía la archive”, añadió la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja reafirmando la posición del Govern, instalado en el desacato desde que se conoció el fallo del Supremo.

Además de insistir en dar “amparo a todos los centros” para que “mantengan sus proyectos lingüísticos” como están –sin concretar de qué manera y pese a la amenaza de posibles denuncias contra los directores de centros–, el Govern también pone el acento en el discurso político y atribuye a “una minoría que tiene una fijación en perseguir la lengua catalana” el aval de la Justicia al 25% de castellano. Y en la calle, la plataforma Somescola ya prepara una manifestación el 18-D frente al TSJC para “dejar bien claro al Estado que el modelo de escuela catalana no solo genera un gran consenso sino que moviliza”.