Cataluña

La Generalitat llama a los colegios a desobedecer y no dar clases en castellano y exige apoyo a Sánchez

El consejero de Educación asegura que tiene garantías del Gobierno de que no ejecutará el 25% de castellano. Aragonès se reafirma en el desacato y pide una “clara defensa” de la inmersión

La Generalitat se ha reafirmado en el desafío lanzado ayer tras conocer el varapalo del Tribunal Supremo al sistema de inmersión lingüística en catalán e insiste en el desacato judicial: este miércoles ha sido el propio titular de Educación, el republicano Josep González-Cambray, quien ha enviado una carta a los directores de los centros educativos en la que les anima a hacer caso omiso de la sentencia que obliga a las escuelas a dar al menos un 25% de las clases en castellano.

Es decir, llama a la desobediencia desde el Ejecutivo y pide que los colegios no cambien su proyecto lingüístico docente: “Queremos que continuéis trabajando exactamente como hasta ahora”, zanja en la misiva mandada a los directores de los 5.108 centros educativos catalanes. Y, al mismo tiempo, asegura que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado “garantías” de que no ejecutará la decisión del Supremo.

De hecho, la estrategia de la Generalitat pasa por escudarse en la “ley Celáa” -en 2015, cuando se interpuso el recurso de la Abogacía del Estado estaba vigente la Ley Wert- para seguir adelante con el modelo de inmersión y no aplicar la sentencia a favor de incrementar en un 25% la presencia del castellano en las aulas. “La ministra instará a cumplir la LOMLOE -la nueva ley de educación, “la Celáa”-, que no habla de porcentajes”, ha añadido el consejero de Educación en una entrevista a Rac 1.

Sin embargo, lo que obvia el Govern es que el TSJC constató en la histórica sentencia de diciembre del año pasado -ahora avalada por el Supremo- “una infracción del marco jurídico vigente” en alusión al Estatuto catalán, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Y es que la campaña de la Generalitat pasa por poner la lengua en el centro de su ofensiva y la ha espoleado el propio president Pere Aragonès con un mensaje directo al Gobierno, al que ha exigido que “respete” el modelo de inmersión lingüística pese al golpe de los tribunales. “Pedimos que expresen de forma clara su apoyo al modelo vigente en las escuelas. Y, a partir de ahí, que apoyen este consenso que existe en Cataluña”, ha reclamado ante la presencia de la presidenta de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, en una vista a Mallorca.

Las familias mueven ficha y pedirán su ejecución

Ante este nuevo llamamiento a la desobediencia y a la espera de lo que acabe haciendo el Gobierno, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya ha confirmado que tomará cartas en el asunto: la entidad tiene previsto acogerse al artículo 104 de la reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que «transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa».

Todo un día después de que el Tribunal Supremo no haya admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.