Las entidades del tercer sector necesitan 1.400 viviendas sociales más de forma inmediata

El actual contexto de emergencia de la vivienda es una realidad y así lo demuestra el informe ‘Situación actual y necesidades futuras de vivienda de las entidades de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña. La contribución del Tercer Sector al alquiler social’, presentado por la Taula del Tercer Sector de Cataluña y Cohabitac, que es la coordinadora de fundaciones promotoras y gestoras de vivienda social de alquiler en Cataluña.

La principal conclusión de este trabajo y, a la vez, la más alarmante, es que las entidades del tercer sector necesitan 1.400 viviendas sociales antes de tres años para poder dar respuesta a la elevada demanda de personas que necesitan acceder a una vivienda digna y asequible y, en este contexto, es importante tener en cuenta que, desde el inicio de la pandemia, el tercer sector social ha tenido que duplicar las ayudas en este ámbito.

Y es que, a partir de una encuesta en línea a las 78 principales entidades que gestionan la vivienda social del tercer sector, el informe pone de relieve que, en la actualidad, éstas gestionan 4.098 viviendas, lo que representa un incremento del 169% respecto a la cifra de 2015, cuando se llevó a cabo el último informe acerca de la vivienda social en Cataluña. Entonces, la cifra era de 1.522 y ese importante incremento de los últimos 6 años se explicaría por la adquisición de nuevas viviendas por parte de las entidades y la obtención de otras por cesión de la Generalitat y de particulares, lo que en total supondría un incremento de la oferta en 1117 viviendas, así como por la incorporación de nuevas entidades gestoras de vivienda a la Mesa del Tercer Sector, que a su vez aportaría al parque de vivienda social un total de 1.581 nuevas viviendas.

Pero estos recursos solos tienen capacidad para dar un techo a 9.952 personas, de las cuales el 74,2% son adultos y el 25,8% son niños y adolescentes, porcentajes que se mantienen muy similares a los que se publicaron en su día en el informe de 2015, que entonces fueron del 72% y el 28%, respectivamente. En cualquier caso, en su mayoría son personas en riesgo o situación de pobreza (14,8) o con problemas de salud mental (13,6%), pero también forman parte de este colectivo los jóvenes (11,2%), las personas con discapacidad (10,4%) y los inmigrantes o minorías étnicas (9,2%). Además, el 72% de las viviendas son de uso familiar, el 17% unipersonales y el 11% son compartidas.

En cuanto a la tipología de las viviendas y sus características, un 38% se encuentran ubicadas en Barcelona ciudad y el 16% están en el resto del área metropolitana, un 20% son de la demarcación de Girona y el 26% restante están repartidas por municipios de las demarcaciones de Barcelona, Lleida y Tarragona. Por lo que se refiere a la titularidad de estas viviendas, el 44% son propiedad de las entidades, el 43% se alquilan y el 13% son cedidas temporalmente por privados o por el sector público. En lo relativo a las rentas, el 49% de los hogares atendidos pagan unos alquileres de menos de 300 euros y casi el 19% no paga nada.

Así pues, pese a que ha crecido la vivienda social gestionada por las entidades del Tercer Sector, ésta sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la demanda. En este sentido, según pone de relieve el informe, las nuevas necesidades de vivienda se concentran principalmente en Barcelona (51%), mientras que el resto se distribuye por la región metropolitana de Barcelona (16%), la demarcación de Lleida (17%) y los municipios de las demarcaciones de Lleida y Tarragona (16%).

De hecho, las entidades aseguran que se necesitaría un total de 1.403 nuevas viviendas sociales para atender esa demanda, de las cuales 1.148, es decir un 82%, serían necesarias antes de dos años. Y todo ello pese a que, gracias al mecanismo de tanteo y retracto, las entidades del Tercer Sector han podido adquirir desde 2015 hasta ahora 652 viviendas y, paralelamente, la Generalitat les ha cedido 130 viviendas, algunas de las cuales provienen de herencias intestadas. Por esta razón, las organizaciones sociales vuelven a hacer hincapié en la importancia de que las entidades financieras colaboren en este sentido cediéndoles o vendiéndoles viviendas que puedan destinarse a alquiler social, así como en que los propietario particulares cedan sus pisos vacíos.

Por todo ello, Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3 y miembro del Grupo de Trabajo Institucional de Cohabitac, señalaba durante la presentación del informe que “las entidades del tercer sector necesitamos el apoyo de la administración pública y de los propietarios de viviendas para poder cubrir las necesidades de la población en riesgo o situación de vulnerabilidad”. “Hay vivienda disponible y solo haría falta un acuerdo para vincularla a las entidades sociales”, concluía.