El Govern se responsabiliza de cumplir con el 25% de castellano y señala al consejero de Educación

El Govern de Pere Aragonès se ha señalado a sí mismo como responsable de hacer cumplir la sentencia del 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán, un fallo judicial que debe aplicarse de forma definitiva antes del 20 de marzo. De no ser así, la Generalitat estaría desacatando y cualquiera de las partes implicadas -Gobierno o las familias demandantes- podrían exigir su ejecución forzosa.

La sentencia que tumbaba de facto el modelo de inmersión imperante en Cataluña desde hace casi 40 años, dictada el 16 de diciembre de 2020, pasó a ser firme en noviembre de 2021 cuando el Tribunal Supremo (TS) no admitió a trámite un recurso de casación del Govern. Entonces fue devuelta al TSJC que, el 21 de enero la declaró firme y puso en marcha la cuenta atrás para su cumplimiento.

Entonces empezaron, simultáneamente, dos plazos: uno de diez días para notificar la recepción de la sentencia -cosa que, ayer lunes, la Generalitat hizo sin especificar cómo- y otro de dos meses para ejecutarla, que termina el próximo 20 de marzo.

El Departamento de Educación de la Generalitat ha enviado un acuse de recibo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la sentencia del 25% de castellano en las aulas y comunica que el “responsable” del cumplimiento de la misma es la propia conselleria.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, se indica que “acusamos recibido del expediente administrativo y de la certificación literal de la sentencia dictada” y “les comunicamos que el órgano responsable del cumplimiento de la citada sentencia es el Departamento de Educación”.

La Generalitat busca eximir a los directores de las escuelas e institutos catalanes de la responsabilidad de tener que ejecutar el fallo y de posibles consecuencias penales si finalmente el Govern desacatara el fallo y no lo cumpliera. Una maniobra que choca con el aviso de la Fiscalía Superior de Cataluña, que considera que “únicamente puede incurrir en un delito de desobediencia quien está llamado a cumplir el mandato judicial” y el caso de este fallo a favor del bilingüismo son “los respectivos directores o directoras de los centros en los que la cuestión pudiera suscitarse”.

Por el momento y con a la cuenta atrás activada, se desconoce qué acabará haciendo el Govern de Pere Aragonès pese a los sucesivos amagos de desobediencia. Sí ha avanzado el Ejecutivo dos argucias para “blindar” el catalán: por un lado, prepara un decreto para dotar de autonomía a los centros con el fin de que elijan la lengua empleada en un porcentaje determinado de asignaturas -y que se pueda ampliar el castellano en entornos catalanohablantes-; y por otro, defender jurídicamente desde la Generalitat a los profesores, docentes y directores.

Por su parte, desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) confirman que instarán a su ejecución forzosa como entidad defensora del bilingüismo. También con otra segunda demanda que agrupará todas las solicitudes de las familias a favor del castellano recabadas por una Escuela de Todos a lo largo de estas últimas semanas, ambas cuando termine el plazo de dos meses, a finales de marzo.