Vídeo: Torra planta al juez y tilda de “farsa” su nuevo juicio por desobediencia

La Fiscalía reclama un año de cárcel y ocho meses de inhabilitación por no retirar una lancarta que pedía la libertad de los presos independentistas y los lazos amarillos

Quim Torra, en su primer juicio
Quim Torra, en su primer juicio FOTO: Google

El ex presidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: “No legitimaré una nueva farsa”. Lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter.

“El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral”, ha informado en un comunicado la oficina del expresidente.

Torra ha dicho que pide amparo a los tribunales internacionales: “No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales”.

La fiscalía reclama al ex jefe del Ejecutivo catalán un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. Es la segunda vez que el exmandatario es juzgado por no quitar una pancarta en apoyo a los políticos presos. La primera vez le costó el cargo. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por no retirar una, pese a que se lo había ordenado la Junta Electoral Central para garantizar la neutralidad de los edificios públicos durante la campaña de abril de 2019.

Esta causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano por la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó retirar la pancarta de manera cautelar; dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d’Esquadra que la quitaran.

La defensa del expresidente --que llevan los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal-- sostiene que los actos de Torra, como miembro del Govern y diputado, estuvieron amparados por la libertad de expresión y representación política y por su “inviolabilidad parlamentaria”.

Según los letrados, la pancarta “quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de los derechos humanos”, algo que consideran que no puede ser un delito, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, advierten de que la interpretación de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio en este caso “produce una inseguridad jurídica resultante de la arbitrariedad mostrada por esta extralimitación que buscaba reprimir la libertad de expresión”.

En el nuevo escrito de acusación, la fiscalía sostiene que el 19 de septiembre de 2019 el TSJC dictó auto en el que aceptaba la medida cautelar pedida por Impulso Ciudadano para que Torra retirara la pancarta que rezaba: “Libertad de los presos políticos y exiliados”, en catalán e inglés y con un lazo amarillo. Pese a esa orden, el entonces president respondió una vez más con un desafío. El 20 de septiembre de 2019, el TSJC le dio 48 horas para quitar el cartel. Lejos de obedecer, Torra denunció una “vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión”.

Por su parte, la Fiscalía ha defendido este jueves en el juicio que el ex jefe del Ejecutivo catalán se instaló en la “insumisión institucional” y vulneró la neutralidad de la Generalitat.

La fiscal ha argumentado que Torra no tuvo en ningún momento la voluntad de respetar las decisiones judiciales: “Tenía una voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada que se le dijera”, y lo reivindicó públicamente.

Según ella, Torra no está acusado por colgar una pancarta ni por el contenido de la pancarta, sino porque contenía unas consignas “de unos determinados partidos políticos”, por lo que cree que no mantuvo su obligación de respetar la neutralidad política del edificio de la Generalitat.

Así, ha negado que el problema sea el mensaje de la pancarta, sino el “uso indebido” de un edificio público para, a su juicio, favorecer una determinada ideología sin tener en cuenta una parte de la población catalana.

Además, ha calificado de “anecdótico” que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitiera una resolución a favor de la libertad de los presos del 1-O porque considera que las instituciones europeas no la han asumido y porque se aprobó con el voto a favor de 70 de los 324 miembros de este órgano.