Junts equipara la causa por corrupción de Borràs con “una persecución política” para que ERC la blinde

Junts busca blindar a Laura Borràs como presidenta del Parlament después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la dejara a un paso del juicio al constatar “indicios sólidos” de irregularidades por fraccionar contratos y asignarlos a un amigo suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2018. Pese a estar procesada por cuatro delitos de corrupción -prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil- los posconvergentes aprovechan su causa para denunciar una supuesta campaña de “represión” del Estado y la equiparan a una “persecución política”.

“Es un claro caso de persecución política, no es un caso de corrupción”, ha sentenciado el nuevo portavoz del partido, Josep Rius, tras la reunión semanal de la ejecutiva y pese a que Borràs está señalada por prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil.

Un caso que puede dejar la carrera política de la posconvergente al borde del abismo a corto plazo, incluso antes de que haya una hipotética condena que le lleve a la inhabilitación: la Fiscalía tiene ahora 10 días para presentar la acusación e informar de las penas de prisión e inhabilitación que solicita contra la presidenta dle Parlament, su amigo y otras dos personas investigadas.

Y aquí entra en juego el reglamento del Parlament y su artículo 25.4, que indica que la Mesa debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” no cuando haya condena, sino cuando se decrete apertura de juicio oral –algo que puede hacer el TSJC tras la posición de la Fiscalía– y en caso de delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. La propia dirigente maniobró hace unos meses para modificar este punto y se topó con el rechazo de todos los partidos, incluso de ERC y la CUP.

Desde Junts evitan públicamente avanzar escenarios, aunque ya piden a republicanos y antisistema un “frente común” como respuesta. Es decir, que blinden a Borràs comparando su causa con la de Quim Torra -por desobediencia al no descolgar una pancarta a favor de los presos- o con la de la consellera de Cultura, imputada por el 1-O y pese a que ambos casos no tienen nada que ver con el procedimiento abierto contra la posconvergente por presuntas irregularidades antes de su llegada a la política.

Recurso de Borràs

Casi en paralelo, la presidenta del Parlament ha denunciado “indefensión” en la mencionada causa en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la ha dejado a un paso de juicio acusada de adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha pedido ser citada para poder declarar.

Así lo sostiene la defensa de Borràs en un recurso, al que ha tenido acceso Efe, en que pide a la sala civil y penal del TSJC que deje sin efecto la resolución del pasado 14 de marzo en que el magistrado Josep Seguí concluyó que había suficientes indicios para enviar a Borràs a juicio por prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil, por la supuesta adjudicación irregular de 18 contratos fraccionados, entre marzo de 2013 y febrero de 2017.

En el escrito, los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, lamentan que el “inusitado impulso procesal” en esta procedimiento se ha llevado a cabo sin “garantizar mínimamente” el derecho de defensa de la presidenta del Parlament, que creen que ha sido víctima de una “campaña mediática” en la que está siendo objeto de un “juicio paralelo” donde se la presenta como “culpable”.

Fiscalizar al Govern Aragonès

Por otro lado, Rius ha anunciado que, a las puertas de que se cumpla un año del acuerdo de Govern entre ERC y Junts, la Ejecutiva de su formación ha decidido encargar un informe de seguimiento de este pacto para ver “los aspectos que se han cumplido y los que no, y qué se necesita mejorar”.

“Las instituciones no son para hacer autonomismo, sino para avanzar hacia un Estado propio”, ha defendido Rius, que ha explicado que mirarán Conselleria por Conselleria el grado de cumplimiento del acuerdo, aunque ha concretado que será un encargo interno de Junts y aún se debe concretar quién lo elaborará y los plazos en los que se llevará a cabo.