Borràs se queda sola: ningún partido apoya cambiar el reglamento para blindar su escaño

El Parlament ha sido el escenario de una polémica que ha durado menos de 24 horas, un vodevil político con su presidenta, Laura Borràs, en el punto de mira. Los servicios jurídicos han elaborado una propuesta de reforma del reglamento de la cámara catalana a petición de la Mesa -bajo el pretexto de que fuese de carácter “técnico” y “lingüístico”- que a la práctica permitiría blindar a la presidenta de la institución ante una eventual apertura de juicio oral o ante un posible procesamiento judicial contra ella. Una reforma sólo apoyada por Junts, su partido, y rechazada por el resto de formaciones, entre ellas por Esquerra y la CUP, partidos que conforman la mayoría independentista.

El informe que ha recibido la Mesa de 180 páginas ha generado una fuerte polémica al incluir una sugerencia que podría ser clave dada la situación personal de Borràs, la presidenta del órgano rector. En la sección dedicada a las “causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios”, el documento sugiere la modificación del artículo 25 del reglamento de la cámara para eliminar el apartado 4.

Este apartado -que quedaría eliminado, según los letrados- establece que “en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata”.

Un supuesto que beneficiaría directamente a Laura Borràs, principal dirigente de Junts: el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a Borràs por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017.

La noticia ha venido después, tras conocerse el contenido del informe: ERC y la CUP se han desmarcado y se han opuesto a blindar a Borràs, una postura que han mantenido también el resto de formaciones dejando a Junts en un único lado del tablero.

La portavoz republicana, Marta Vilalta, se ha mostrado favorable a reformar el reglamento para “modernizar el funcionamiento de la cámara”, pero ha advertido de que el cuestionado artículo 25 fue “consensuado” en 2017 para “garantizar el compromiso de la lucha contra la corrupción” y sigue siendo un “mecanismo necesario”.

Y la CUP se opone frontalmente a retirar el punto 25.4 que permitiría blindar -en caso de ser procesada por corrupción- a la presidenta de la cámara hasta que hubiese una hipotética condena firme. Eulàlia Reguant ha denunciado que los letrados “han ido mucho más allá de lo que les corresponde” y ha recalcado que el citado punto, que fue incluido a propuesta de los antisistema, “debe quedar en el reglamento tal y como está redactado en la actualidad” y “no se toca”, porque es “una herramienta para luchar contra la corrupción”. De hecho, esta cláusula la pactaron la CUP y Junts pel Sí (republicanos y posconvergentes) en 2017 y antes del estallido del “procés”.

Sea como fuere, cualquier hipotética reforma del reglamento del Parlament tiene que pasar un largo periplo: no sería inmediata y las distintas formaciones tendrían que poner en marcha una comisión para redactar una propuesta antes de elevarla al pleno.