El Govern toma el control de los fondos para avalar a los responsables del “procés”

Además de los desafíos a la legalidad y de la tensión social que ha generado el «procés», el uso que ha dado el independentismo al dinero público se ha convertido en una de las principales fuentes de polémica. El separatismo ha podido contar con toda una administración pública a su servicio para promover su proyecto rupturista durante años y ahora recurre también para afrontar las consecuencias económicas y judiciales con el fondo dotado con 10 millones de euros para avalar a todos los responsables del «procés».

El fondo se creó en julio y estuvo rodeado de mucha polémica porque servía para avalar con 5,4 millones de euros a 29 de los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas por malversación por la promoción del «procés» en el exterior entre 2012 y 2017. Entre los investigados aparecían Carles Puigdemont, Artur Mas u Oriol Junqueras. Lo cierto es que el aval finalmente ha sido aceptado por el Tribunal de Cuentas pese a las dudas iniciales y ahora el fondo pasará a manos del Govern.

La idea inicial es que estuviera controlado por alguna entidad financiera privada, pero ninguna ha querido hacerse cargo. Como solución intermedia, se optó por el Institut Català de Finances (ICF) -el ICO catalán-, pero también ha dado muchos problemas: cabe recordar que cuando se activó el aval a los 29 beneficiados en julio, en el ICF se desató un terremoto y tres miembros de la dirección presentaron su dimisión ante el temor a sufrir consecuencias judiciales por la decisión que se estaba tomando. Ahora, de esta manera, la conselleria de Economía tiene todo el control (a partir del 2 de mayo) y evita cualquier tipo de obstáculo que se pueda poner por delante ante futuros avales que se puedan otorgar.

Y es que la forma de otorgarlos será prácticamente arbitraria. Para solicitar el aval, se debe enviar una solicitud a la conselleria de Economia, acompañada de una declaración responsable donde el solicitante manifieste que cumpla las condiciones exigidas. A partir de ahí, el propio departamento decide.

Según el Govern, la finalidad es «dar cobertura a los trabajadores de la administración pública en aquellos procedimientos judiciales o administrativos en que se puedan ver implicados por acciones realizadas en ejercicio de sus funciones y que no quedan cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial y contable que la Generalitat tiene actualmente suscritas». En plata: dar cobertura a los desafíos a la legalidad que puedan cometer los políticos ya que, realmente, ningún trabajador de la administración de la Generalitat lo ha necesitado en casi un año.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha defendido que este traspaso de competencias estaba estipulado y ha aducido que el cambio se ha hecho «en el momento en que estaba listo» y lo que «hace es preservar la función del ICF como banca de promoción». En este punto, cabe decir que el Govern de Pere Aragonès aspira a convertir el ICF en banca pública, un objetivo muy difícil de materializar (el Banco de España lo ha denegado) y menos aún teniendo en cuenta todo el ruido generado en torno a los avales.

También cabe matizar que el fondo sirve únicamente para avalar: si finalmente queda demostrado la responsabilidad contable o civil del beneficiado en sentencia firme, deberá devolver el dinero, así como los intereses y gastos que se hayan generado. No obstante, y con vistas a los recursos que han presentado los políticos independentistas en instancias internacionales, tan solo se devolverá el dinero una vez se hayan agotado todas las vías de impugnación, incluso la internacional.

En términos políticos, esta medida también una lectura en el espacio de JxCat, donde el conseller de Economía Jaume Giró y el vicepresident Jordi Puigneró rivalizan por llevar la voz cantante en el Govern. De momento, Giró, tras un inicio de legislatura algo complicado, ha conseguido rehacerse y está logrando cada vez mayor visibilidad y algún que otro éxito político, como la creación de este fondo o la aprobación de los presupuestos de la Generalitat en tiempo y forma. Giró es uno de los aspirantes a coger más peso en JxCat (todavía no se ha afiliado) y su nombre suena con fuerza como posible candidato en las siguientes elecciones catalanes, pese a que falta mucho.

En todo caso, mientras tanto se tendrán que dirimir los procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas contra los responsables del «procés», tanto en la promoción exterior como en la organización del 1-O. Para ambos, el órgano fiscalizador había reclamado casi 10 millones de euros e investigaba a 34 exaltos cargos, pero finalmente se ha redimensionado y tan solo quedarán como investigados 11 exaltos cargos y se reclaman 5,3 millones de euros. Como acusación tan solo queda Societat Civil Catalana.

Mascarillas

Asimismo, Plaja ha anunciado que, a partir del jueves, se publicará una resolución para eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios interiores para los alumnos de primaria y secundaria. No obstante, no se materializara hasta el martes, cuando vuelvan a la escuela, aunque eso significará que la Generalitat se avanza 24 horas al Gobierno de España porque tiene previsto tomar la misma decisión el miércoles.