Más problemas para Sánchez: el Govern congela la mesa de diálogo y Colau se entrega a ERC

El Gobierno está cada vez más contra las cuerdas. A 24 horas de que se vote un decreto muy importante para el rumbo de la legislatura, Pedro Sánchez continúa lejos de encontrar los apoyos necesarios y el clima con sus socios de gobierno está cada vez más deteriorado: el Govern ha aparcado la mesa de diálogo y ha anunciado una ofensiva judicial, mientras que Ada Colau se ha aliado con ERC en el Ayuntamiento de Barcelona para convocar un pleno extraordinario y condenar y pedir explicaciones por el espionaje a su propio Gobierno.

El decreto está previsto que se vote este jueves e incluye medidas muy sensibles para el bolsillo de los ciudadanos, como la reducción del precio de la gasolina (20 céntimos por litro), pero la situación política se ha envenenado tanto que parece que el Gobierno va a tener muy complicado que prospere esta iniciativa en el Congreso, salvo que no lo remedie en las próximas horas: y en ello está volcándose, como lo certifica que Gobierno y ERC hayan pactado ya un cambio en la Ley General de Telecomunicaciones para que toda escucha deba tener una orden judicial.

Este paso se dio pocas horas más tarde de que el Govern siguiera dando señales de endurecer el tono, con el anuncio de una ofensiva política y judicial. «Las relaciones políticas se reducen a mínimos, a aquellas cuestiones imprescindibles para la ciudadanía de Cataluña», ha señalado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha anunciado que queda aparcada la mesa de diálogo hasta que se aclare todo este caso.

«No se da ninguna de las condiciones para que se celebre la mesa de negociación», ha remarcado Plaja. A nivel judicial, el Govern ha dado tan solo el primer paso y ha acordado encargar a los servicios jurídicos de la Generalitat el estudio y propuesta de las actuaciones legales ante las instancias policiales y judiciales oportunas. Las denuncias se presentarán ante instancias internacionales, europeas, estatales y catalanas.

Asimismo, la batería de medidas aprobadas en la reunión de Govern va más allá: reclama que se levante el secreto de todas las actuaciones relacionadas con el espionaje (en concreto, se pedirá al Consejo de Ministros el acceso a los contratos de cualquier tipo que se haya firmado entre el CNI y la propietaria de Pegasus); pide la reforma de la Ley de secretos oficiales de 1968 y la reforma del «decretazo digital» para evitar que se puedan intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial; apoya la creación de una comisión de investigación en el Congreso; y, pone en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos la existencia de una «brecha de seguridad».

Si bien, todo apunta a que sin un gesto público contundente del Gobierno, la crisis parece muy difícil que se pueda cerrar. Y entre esos gestos aparecen tanto la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès (o una declaración pública del presidente del Gobierno) como las dimisiones en el Estado. Se señala con mucha insistencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque parece una pieza muy difícil porque es uno de los pilares del ejecutivo nacional y Sánchez no parece estar muy dispuesto a ceder.

Pero no solo Govern y ERC ponen muy cuesta arriba la legislatura a Sánchez, también sus propios socios están maniobrando y actuando como cómplices del independentismo. Así, el partido de Colau y los republicanos exigen al Gobierno que investigue, dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades frente a «esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política, en este caso, contra miembros del movimiento independentista catalán». También se manifiesta el apoyo y la solidaridad del Ayuntamiento de Barcelona «a las al menos 65 personas» espiadas.

Con esta maniobra, Colau refuerza su alianza con ERC de cara a las elecciones municipales del año que viene y trata de desmarcarse de los socialistas (con quien gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona) y deja un poco más aislado a Sánchez.

En cualquier caso, el Gobierno tiene mañana una determinante prueba de fuego y tanto ERC como JxCat y la CUP no han decidido aún su voto.