La Generalitat aparca la mesa de diálogo con el Gobierno y anuncia una ofensiva judicial

El Govern sigue sin dar tregua al Gobierno: más de una semana después de que se destapara el presunto espionaje a más de 60 líderes independentistas, el ejecutivo catalán ha endurecido todavía más el tono y este martes ha anunciado una ofensiva política y judicial. “Las relaciones políticas se reducen a mínimos, a aquellas cuestiones imprescindibles para la ciudadanía de Cataluña”, ha señalado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha anunciado que queda aparcada la mesa de diálogo hasta que se aclare todo este caso.

“No se da ninguna de las condiciones para que se celebre la mesa de negociación”, ha remarcado Plaja. A nivel judicial, el Govern ha dado tan solo el primer paso y ha acordado encargar a los servicios jurídicos de la Generalitat el estudio y propuesta de las actuaciones legales ante las instancias policiales y judiciales oportunas. Las denuncias se presentarán ante instancias internacionales, europeas, estatales y catalanas.

Asimismo, la batería de medidas aprobadas en la reunión de Govern va más allá: reclama que se levante el secreto de todas las actuaciones relacionadas con el espionaje (en concreto, se pedirá al Consejo de Ministros el acceso a los contratos de cualquier tipo que se haya firmado entre el CNI y la propietaria de Pegasus); pide la reforma de la Ley de secretos oficiales de 1968 y la reforma del “decretazo digital” para evitar que se puedan intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial; apoya la creación de una comisión de investigación en el Congreso; y, pone en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos la existencia de una “brecha de seguridad”.

El Govern exige también dimisiones: tanto de quien lo ha ordenado como de quien lo ha permitido. “Por acción u omisión, deben dimitir”, ha señalado Plaja, quien tampoco ha querido concretar quién debe dimitir, aunque todas las miradas se posan sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al Govern tampoco le vale que detrás del espionaje haya una autorización judicial porque “deben venir motivadas” y ha insistido en que se debe levantar el secreto de las actuaciones. “Cuando ha pasado más de una semana desde que se hizo público, el Gobierno sigue sin dar ninguna explicación que justifique unos hechos tan graves”, ha afirmado. La voz de Pedro Sánchez también es una de las más preciadas para la Generalitat: exigen una y otra vez que se pronuncie sobre el espionaje.

De esta manera, el Govern endurece todavía más el tono a 48 horas de que el Gobierno se juegue la aprobación de un decreto bastante importante por el impacto económico que tiene en los bolsillos de los ciudadanos (el decreto de la guerra, que, entre otras cosas, incluye una reducción de 20 céntimos por litro). Esquerra, determinante si el PP no vota a favor, mantiene su voto en el aire, aunque parece más cerca del rechazo que de la aprobación.