Cataluña

El Govern rechaza que la AEB pueda pedir la ejecución de la sentencia del 25% de castellano

En un escrito de alegaciones, pide al TSJC desestimar su petición

Varias personas durante una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas.
Varias personas durante una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas.David ZorrakinoEuropa Press

El Govern de la Generalitat ha rechazado que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) esté legitimada para pedir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un 25% de castellano en la educación catalana.

En un escrito de alegaciones que ha presentado ante el TSJC, consultado por Europa Press este miércoles, ha asegurado que la entidad “no tiene la condición de persona afectada”.

En concreto, rechaza el argumento de la AEB basado en sus estatutos: la entidad esgrimió que una de sus funciones es instar ante administraciones e instituciones la adopción de medidas que aseguren la enseñanza bilingüe.

En cambio, el Govern considera que esto “no le otorga de forma automática legitimación activa” para pedir ejecutar la sentencia.

Por otro lado, la AEB alegó que representa a 1.643 familias afectadas (y adjuntó otras tantas firmas a la sentencia), pero la administración catalana cuestiona que “esta genérica afirmación no va acompañada de la acreditación” de la situación de cada alumno en el aula.

ACCIONES DEL GOVERN

El Govern también argumenta que ya ha tomado medidas para regular los usos lingüísticos en la escuela, y menciona las modificaciones de la Ley de política lingüística y la Ley del aranés, además de la tramitación de un proyecto de decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Catalunya.

Considera que la AEB “parte de una premisa errónea cuando afirma en su escrito que la legitimación pasiva para ejecutar la sentencia la tiene solo el Departamento de Educación”, y en cambio señala que la sentencia no marca cómo ni quién debe aplicarla, dejando la puerta abierta al Parlament y otras instituciones.

La AEB pidió al tribunal que fijara el plazo de un mes para ejecutar la sentencia, pero la Generalitat pido al tribunal que lo descarte y argumenta que crear nueva normativa comporta unos trámites que requieren más tiempo.