JxCat dinamita el plan de Esquerra para la sentencia del 25% de castellano

Ningún ámbito escapa a la división del independentismo. Esquerra y JxCat tampoco se ponen de acuerdo para abordar la respuesta a la sentencia del 25% de castellano y eso que ya están en tiempo de descuento. Ambas formaciones llegaron a un pacto con el PSC y los Comunes para flexibilizar la inmersión lingüística, pero los posconvergentes se echaron atrás por las presiones del independentismo más radical, que consideraban el texto como una derrota frente al constitucionalismo, y siguen sin reincorporarse a la entente. Los movimientos de JxCat han obligado a retrasar en varias ocasiones la votación del acuerdo, que es un cambio legal en la Ley de Política Lingüística para dar más espacio al castellano en la educación pública sin fijar porcentajes (lo que da pie a cierta ambigüedad ya que el PSC sostiene que sí habrá más español mientras ERC dice lo contrario).

Y este martes se reúne la Junta de Portavoces del Parlament, donde se tiene que decidir si el acuerdo se vota en el Pleno de la semana que viene como estaba previsto, pero todo parece indicar que no podrá ser así: desde JxCat han confirmado a este diario que la intención es retrasarlo y evitar ponerle fecha a la votación porque aspiran a llegar al Pleno del Parlament con un texto acordado con las entidades separatistas (como Plataforma per la Llengua o ACN). Con esta maniobra, los posconvergentes también pretenden devolver la pelota a Esquerra ya que se han mostrado molestos, desde el primer momento, con los republicanos porque consideran que es responsabilidad suya gestionar la aplicación de la sentencia ya que la conselleria de Educación está en sus manos.

En las filas posconvergentes consideran que el conseller Josep González-Cambray se ha sacudido el problema y se lo ha trasladado a sus socios y quieren evitar que la responsabilidad quede diluida. Cambray ha amenazado con desobedecer, pero, en ningún momento, ha dado ningún paso claro que invite a pensar en que rebasará el marco legal.

Si se vota la semana que viene o no dependerá de ERC: los republicanos deben decidir en las próximas horas si acceden y retrasan nuevamente la votación o la mantienen sabiendo que JxCat se va a descolgar (en las filas republicanas esperan pasos de JxCat y evitan anticiparse). Para ERC, la prioridad es que haya el máximo consenso parlamentario posible y estén presentes tanto JxCat como el PSC. Sin embargo, los socialistas catalanes no están dispuestos a introducir cambios que exigen los posconvergentes (sí contemplarían pequeños matices) y menos aún si proceden de entidades separatistas radicales, que aspiran a que el catalán monopolice la educación pública y dejar sin hueco al castellano.

En el PSC pretenden que se vote la semana que viene la reforma legal, aunque están sin mayoría en la Mesa y por ello tienen poco margen: dependen de ERC, que es quien decantará la mayoría. Los republicanos se tienen que posicionar: o están con el PSC, con quien mantienen el acuerdo, o se ven arrastrados a las posturas de JxCat.

Lo cierto es que, en base a esa reforma, el Govern tiene luego que aprobar un decreto que despliegue los cambios en la Ley y eso debería ser, como muy tarde, en junio para que se pueda aplicar a partir del próximo curso. Lo más destacable de la reforma legal es que se introduce el castellano como «lengua de enseñanza» y el criterio para fijar las horas en español y catalán dependerá de la realidad sociolingüística: «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas».

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe decidir si accede a la demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y exige el cambio de los proyectos lingüísticos en menos de un mes para que todas las escuelas públicas de la autonomía apliquen el 25% de español o atiende a la hoja de ruta del Govern, de desplegar un decreto tras la aprobación del cambio legal. El TSJC recibió las alegaciones del Govern el pasado 20 de abril (la Abogacía del Estado no presentará escrito, probablemente) y, por tanto, se espera que tome una decisión a lo largo de esta semana (o, como muy tarde, la siguiente). Todo está por ver.