PSC, ERC, JxCat y Podemos acuerdan cambios legales para dar más castellano esquivando el 25%

Cambio legal importante en Cataluña a escasos días de que venza el plazo para que el Govern cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de castellano. El PSC, ERC, JxCat y Comunes han acordado impulsar una proposición de Ley conjunta para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998 y dar más espacio al español en la educación catalana. El texto, sin embargo, esquiva la sentencia al no fijar porcentajes, pero sí garantiza que la enseñanza “en las lenguas oficiales”, en referencia tanto al castellano como al catalán, debe “tener garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos del centro”.

En concreto, se modifican el punto 1,3 y 6 del artículo 21 de la Ley de Política Lingüística. El punto 1 estaba redactado hasta ahora de la siguiente manera: “El catalán se debe utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria”. Con el cambio, se añade a ese texto que “también el castellano es usado en los términos que se fijen en los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el punto 3″.

Y, ¿qué dice el punto 3? Además de precisar que la enseñanza en las lenguas oficiales (castellano y catalán) debe estar garantizada, fija los criterios de la manera siguiente: “La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas”. “Para determinar el alcance de esta presencia, se incluirá, desde un abordaje global e integrador los recursos de aprendizaje, incluidos los de carácter global y los usos lingüísticos del alumnado en el aula y en el conjunto del centro educativo”, añade.

Finalmente, el punto 6 tipifica que no se puede expedir el título de de graduado en educación secundaria “a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos en catalán y de castellano propios de esta etapa, sin perjuicio de lo que establece la normativa educativa”.

Ahora bien, estos cambios dan margen al debate político porque tanto en el independentismo como en el constitucionalismo hay partidos que no se han sumado (CUP, PP, Ciudadanos y Vox) y dan margen a la interpretación porque, sin porcentajes, tampoco se especifica cuántas clases de castellano se van a impartir a partir de ahora. En este sentido, ERC y JxCat pueden aducir que ya hay suficiente castellano y que este cambio legal puede ser un instrumento cosmético para tratar de frenar pleitos judiciales y dar por cumplido con la sentencia, mientras que el PSC sí que está por la labor de que tenga aplicación real y sirva para impartir más castellano.

De hecho, JxCat ya ha querido fijar su posición rápidamente: a su juicio, “detiene la imposición del 25% del castellano con una regulación propia para defender el modelo de escuela catalana y protege el catalán y los centros educativos”. “El castellano se utiliza como lengua de enseñanza, no como lengua vehicular, para posibilitar los niveles de aprendizaje de esta lengua, que vendrán determinados por la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico (oral y escrito)”, añade.

En cualquier caso, el Govern tiene hasta el lunes para adoptar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia: esto significa que en todas las escuelas de Cataluña se debe impartir un mínimo de 25% de las horas lectivas en castellano. El PSC pide que se cumpla la resolución judicial, pero el ejecutivo catalán se ha mostrado en contra.

También es cierto que la defensa del catalán en las aulas ha tenido menos respaldo de lo esperado: el independentismo impulsó ayer una huelga con todo a favor (con el apoyo de la Generalitat) y solo tuvo un seguimiento del 5%. Es decir, todo un fiasco (una semana antes, se hizo una huelga de profesores contra el Govern que tuvo un seguimiento del 31%).

Ciudadanos y CUP

Tanto Ciudadanos como la CUP han reaccionado en contra del cambio en la Ley. El partido naranja ha anunciado que acudirá a los tribunales ante el “cambalache” entre el PSC, JxCat, ERC y comunes, para asegurar que se cumpla la sentencia de un 25 % de horas lectivas en castellano. “A pesar de que la sentencia del TSJC da derecho a estudiar por lo menos un 25 % de horas de castellano, los dos partidos del Gobierno de España, socialistas y comunes, han vuelto a salvar la papeleta al separatismo y a apoyarles para que la sentencia no se pueda hacer efectiva en Cataluña”, ha afirmado Carlos Carrizosa.

En la CUP, Dolors Sabater, ha acusado al Govern de ERC y JxCat de “rubricar la sentencia de muerte” del catalán con el acuerdo alcanzado, junto a PSC y comunes, para garantizar el uso del castellano en escuelas, pero que la CUP ve como “la renuncia por siempre jamás a la inmersión lingüística”.