El independentismo quiere ahora un cheque de seis cifras del Gobierno en concepto de “deuda histórica”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció en septiembre en el Congreso que el Estado tenía que abordar la infrafinanciación con la Comunidad Valenciana y, desde el gobierno de Ximo Puig, se celebró que, “por primera vez en la historia”, Moncloa se dispusiera a tomar cartas en el asunto tras muchos años de quejas por la “deuda histórica”. Ahora, el independentismo quiere tantear esa vía para forzar al Gobierno a que también incluya en su agenda a Cataluña: es decir, que reconozca y pague la “deuda histórica” que tiene con la Generalitat. Y, para ello, ha impulsado una comisión de estudio en el Parlament en el que se pretende detallar el volumen de deuda.

La propuesta de creación parte de JxCat y Joan Canadell, diputado ahora en el hemiciclo catalán y expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Según explica Canadell, el objetivo es que, con la participación de expertos, se ponga cifras a las deudas acumuladas en materia de infraestructuras, pensiones, sanidad o derechos sociales (por ejemplo, en dependencia, una exigencia muy frecuente de la Generalitat). Por ahora, el diputado de JxCat evita dar cifras concretas sobre cuál es el volumen total que prevén sumar, pero sí da números orientativos: estima que la deuda que exigirán oscilará entre los 100.000 y los 200.000 millones de euros (en Valencia se ha situado entre los 16.000 y los 20.000 millones de euros).

La carpeta de infraestructuras, una de las más sensibles en las relaciones entre el Estado y la Generalitat, sí cuenta con diversos estudios ya elaborados en los últimos tiempos: el último informe de la patronal catalana Foment del Treball situaba el déficit acumulado en los 12 últimos años en 35.000 millones de euros. En cualquier caso, la idea, según expone Canadell, es acudir al Estado con todas las deudas “bien fundamentadas” para que puedan ser reconocibles y luego pagadas. Y si el Estado no puede hacer frente a estas deudas, el diputado de JxCat plantea alternativas, como la cesión de determinadas propiedades estatales a la Generalitat.

De esta manera, el independentismo busca situar de nuevo el debate en el ámbito económico, una fórmula que también le valió para catapultar el “procés” en 2012 gracias, esencialmente, a la campaña del déficit fiscal con el Estado, que situaban en 16.000 millones (ahora han situado en 18.000 millones), aunque desde el constitucionalismo se ha dado batalla a esas cifras (Josep Borrell publicó un libro en 2014 que dejaba ese déficit por debajo de los mil millones porque no se incluían algunos gastos que ahora asume el Estado en materia de Defensa, Exteriores o Justicia).

Lo cierto es que la comisión de estudio introduce una potencial nueva fuente de discrepancias entre el Estado y la Generalitat en un momento en que las relaciones están muy deterioradas a cuenta del espionaje. La comisión de estudio solo ha recibido los apoyos de los tres partidos independentistas, pero puede convertirse en un elemento que encarezca todavía más los apoyos de Esquerra en los próximos presupuestos del Estado que tenga que negociar con el Gobierno (si es que ese escenario se da porque la legislatura ha quedado muy tocada) ya que JxCat va a presionar con las cifras que vayan apareciendo.