El Parlament pide la dimisión de Margarita Robles a propuesta de ERC

El independentismo se sigue agarrando al clavo ardiendo del espionaje y redobla la presión hacia el Gobierno de Pedro Sánchez: el Parlament pide la dimisión de la ministra de Defensa Margarita Robles a propuesta de ERC, con el voto a favor de Junts y la CUP y la abstención de los Comunes, el partido que cobija a Podemos en Cataluña.

En concreto, la cámara catalana ha aprobado este jueves reclamar la “imprescindible” dimisión de la titular de Defensa por el caso del espionaje al independentismo con el programa Pegasus. Se han opuesto a la moción PSC, Vox, Cs y el PP, mientras que el partido morado se ha abstenido únicamente en el punto que ERC nombra y pide el cese de Robles.

Esquerra recoge en la moción -sin carácter ejecutivo, aunque sí político- que las declaraciones de Robles sobre el espionaje en el Congreso son “impropias de una democracia plena y comprometida con los derechos humanos”.

Una maniobra que se puede interpretar como una medida de presión más hacia la Moncloa después de exigir una reunión “cara a cara” entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez para esclarecer lo sucedido.

De hecho, ERC juega con un doble discurso para mantener la tensión: el president de la Generalitat templa el tono en sus intervenciones -en las que no da nombres ni apellidos- mientras el partido exige responsabilidades directas, como por ejemplo con la petición de cese de la ministra Robles.

También ha salido adelante el resto de la propuesta, con el voto a favor de los comunes, que condena el espionaje y lo considera “una práctica ilegal y antidemocrática que ha vulnerado los derechos civiles y políticos de dirigentes políticos que han formado parte y aún forman parte” de la Cámara.

Por ello, el Parlament exige al Gobierno central máxima información y transparencia, que se impulse una comisión de investigación en el Congreso y que se asuman “las responsabilidades políticas necesarias”.

Además, insta a la Generalitat a iniciar las actuaciones legales pertinentes para aclarar los motivos del espionaje y al Ejecutivo central a modificar “la ley franquista de 5 de abril de 1968 sobre Secretos Oficiales para que sea democrática y regule el control externo e independiente de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia”.

La Cámara también se compromete a impulsar todas las iniciativas parlamentarias necesarias para aclarar los hechos, a velar para garantizar los derechos de cualquier persona que haya sido espiada, y expresa “la necesidad de estudiar la vía de ejercer el derecho de petición ante el Parlamento de Europeo de acuerdo con el artículo 203 del reglamento del Parlament y el artículo 2 del Tratado de la UE”.