Junts improvisa un decreto contra el 25% de castellano para poner en apuros a Cambray

Junts rompe la baraja y certifica la ruptura con Esquerra en uno de los temas más sensibles de la legislatura: la lengua. Tras dinamitar la reforma lingüística acordada entre los republicanos, el PSC y los Comunes para dar respuesta al 25%, este lunes los posconvergentes han oficializado su órdago y han desvelado su propuesta: un decreto ley que “blinde” el catalán y la inmersión en la escuela y que deje en manos únicamente de la Consejería de Educación, con el republicano Josep González Cambray a la cabeza, la responsabilidad de los modelos educativos de cada centro.

Es decir, que libere a los directores y profesores e implique a un departamento en manos de Esquerra. Y el partido de Puigdemont defiende así su plan: es urgente “que los directores de los centros reciban instrucciones por parte del Govern” ante la sentencia del 25% que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) ordena aplicar sin más dilación, antes del 30 de mayo.

La vía de Junts pasa por implicar al Ejecutivo y aprobar vía decreto -o decreto ley, que luego deberían ser convalidados en el Parlament, en cualquier de los casos- un armazón para responder a la sentencia del 25% y blindar la inmersión. No se trata de “desobedecer” sino de “aplicar el marco legal vigente”, aseguran los posconvergentes tras calificar el bilingüismo de “pedagógicamente aberrante y políticamente inaceptable”.

De momento, se desconoce el contenido del texto que Junts ha remitido al Govern y que luego hará llegar al resto de partidos y entidades, aunque sólo el gesto ya acarrea fuertes consecuencias políticas en el seno del independentismo.

El partido de Aragonès tiene ahora dos caminos por delante: o seguir con el pacto y aprobarlo en la cámara con los dos partidos que conforman el Gobierno (PSC y Podemos); o bien romper la baraja y aliarse con el independentismo (Junts y la CUP).

Ante este dilema, los republicanos buscan la vía intermedia y aún defienden que el objetivo es “rehacer” el consenso y volver a traer a los posconvergentes al acuerdo. Eso sí, frente al anuncio de Junts y su propuesta vía decreto del Govern, aseguran que la prioridad es hacerlo con el “máximo rango normativo posible”, es decir, con una ley aprobada por el Parlament.

En este sentido, la contrapropuesta de ERC para que Junts vuelva al acuerdo de la modificación de la Ley de Política Lingüística es incluir explícitamente en esta norma que “no caben porcentajes en la escuela catalana”.

De hecho, la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 ideada para esquivar la sentencia del 25% -pactada por ERC, PSC y Comunes, con Junts desmarcándose en el último momento- flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de “aprendizaje” pese a seguir blindando el catalán sin fijar porcentajes de uso como ordena la justicia. 

En paralelo, este nuevo choque entre ERC y Junts está empujando a la Generalitat a optar por el cumplimiento: el conseller de Educación, Josep González-Cambray, dio a entender la semana pasada por primera vez que sí que dará órdenes a los directores de las escuelas para que apliquen el 25% de castellano, aunque no desveló el contenido de las instrucciones que remitirá a los centros.