El independentismo busca una nueva vía para burlar el 25% de castellano

El Govern busca una nueva vía a la desesperada para burlar el 25% de castellano y tratar de responder con evasivas la orden judicial de impartir una asignatura más que la de Lengua en todos los centros catalanes. El Ejecutivo de Pere Aragonès trabaja con la fórmula de un decreto-ley sin porcentajes y que cargue la responsabilidad al departamento de Educación (ERC). Un redactado que ultima a contrarreloj para tenerlo listo a finales de esta semana o a principios de la que viene y así poderlo convalidar en la cámara antes del 30 de mayo, fecha en la que vence el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El martes, la Generalitat anunció esta nueva ofensiva y la justificó diciendo que debía servir para “blindar” a los directores de centros y profesores. En concreto, la portavoz, Patrícia Plaja, remarcó que la intención es ofrecer “protección y seguridad” a las escuelas y que toda la asunción de responsabilidades jurídicas sea asumida por parte del Departamento de Educación -en manos de Josep González-Cambray- y el Govern.

En este aspecto, ERC y el Govern recogen la exigencia de Junts de dejar en manos únicamente de la Consejería de Educación, con el republicano Josep González Cambray a la cabeza, la responsabilidad de los modelos educativos de cada centro. Es decir, que libere a los directores y profesores e implique a un departamento en manos de los republicanos ante un hipotético escenario de desobediencia.

La exclusión de cualquier tipo de porcentaje en el decreto -frente a la orden específica del 25% en la sentencia del TSJC avalada por el Supremo- es una treta que el independentismo planea para esquivar el fallo y que también quiere trasladar a la ley que apruebe en paralelo en el Parlament. Y aquí viene el segundo capítulo del conflicto: ERC y Junts no se ponen de acuerdo en qué fórmula usar en la cámara y aseguran trabajar “in extremis” en un paraguas jurídico para proteger el “catalán”.

Todo después de que los posconvergentes se descolgaran de la reforma lingüística pactada entre los republicanos, PSC y Comunes y se negaran a apoyarla. Este martes, Esquerra lanzó un ultimátum a Junts de 24 horas que nadie ha cumplido y ambos partidos independentistas siguen negociando a contrarreloj en el Parlament, con socialistas y Comunes a la expectativa.

Ahora mismo, los socios del Ejecutivo catalán están trabajando en una propuesta para impulsar una nueva ley -diferente a la reforma de la Ley de Política Lingüística que Junts se niega a aprobar- que también rechazaría fijar porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela catalana, en la línea del decreto del Govern, que se aprobaría aparte. Es decir, los republicanos han reculado y el ultimátum ha expirado sin que haya tenido efectos.

En todo caso, el armazón jurídico que el independentismo quiere urdir para responder a los tribunales no exime a Cambray de tener que dar instrucciones claras a los colegios antes del 30 de mayo, como así ordena el TSJC.