ERC, Junts, el PSC y los Comunes pactan una ley sin porcentajes y con el catalán como “vehicular” para responder al TSJC

Esquerra, Junts, el PSC y los Comunes -el partido que cobija a Podemos en Cataluña- han cerrado este martes el pacto para aprobar una nueva ley creada expresamente para la ocasión y que sirva de respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las aulas. La norma no fija porcentajes lingüísticos como ordena la justicia, sigue blindando el catalán como lengua “vehicular” y “propia de Cataluña” y sitúa el castellano como idioma “curricular”.

Un redactado que se asemeja mucho a la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 registrada a finales de marzo y de la que el partido de Puigdemont se desmarcó a las pocas horas por la expresa mención al español en el texto. Entonces, el catalán seguía siendo “vehicular” y el castellano era “de aprendizaje”, y ahora es e categoría “curricular”.

“El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje de! sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. El castellano es empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes puntos”, fija el redactado, de apenas 6 páginas y firmado por los cuatro partidos.

Y los puntos son: “la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos”; y el alcance de esta presencia debe determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada por cada uno de los centros educativos”. Es decir, omite cualquier porcentaje específico pese a la sentencia del 25%, que ordena una asignatura más que la propia de Lengua en todo el sistema educativo catalán antes del 31 de mayo.

De hecho, los cuatro grupos han estado discutiendo desde entonces y no han logrado un acuerdo hasta este martes, en plena cuenta atrás para dar cumplimiento a la sentencia del del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) antes del 31 de mayo.

Y esta tarde, el independentismo junto al PSC y los Comunes han registrado la nueva proposición en el Parlament y piden tramitarla por la vía de urgencia extraordinaria y lectura única. El objetivo es votarla ya, esta semana mismo en el Parlament, y así que sirva de armazón jurídico para responder al 25% de castellano.

En todo caso, el armazón jurídico que el independentismo quiere urdir para responder a los tribunales -tanto en el Parlament como en el Govern, con un decreto ley específico- no exime a Josep González-Cambray (el consejero de Educación) de tener que dar instrucciones claras a los colegios antes del 30 de mayo, como así ordena el TSJC.