Dimite la “número dos” de Borràs en el Parlament por la contratación de su hijo como ujier

La polémica permanente envuelve la gestión de Laura Borràs como presidenta del Parlament desde que asumiera el cargo hace justo un año. Este martes, su mano derecha y “número dos”, la secretaria general Esther Andreu, ha presentado su dimisión por la contratación de su hijo como ujier en la cámara catalana.

Una renuncia que llega después de la polvareda levantada cuando se supo que la propia Andreu no comunicó a la Mesa del Parlament que su hijo había participado en un proceso de selección de personal y había ganado una plaza interina.

Fuentes parlamentarias han explicado que Andreu ha anunciado verbalmente su dimisión durante la reunión de la Mesa de este martes, después de que este organismo acordara solicitar un informe jurídico externo a la Oficina Antifraude de Cataluña para que este acreditara la pulcritud del proceso.

Esas mismas fuentes indican que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha puntualizado en la posterior reunión de la Junta de Portavoces que en los próximos días decidirá si acepta o no la renuncia de la secretaria general.

El caso se remonta a principios de este mes, cuando la Mesa formalizó la concesión de una plaza interina de ujier a Jan Forner sin saber que se trataba del hijo de la secretaria general, dado que esta no había informado en ningún momento del proceso de selección de la relación filial que le unía a uno de los aspirantes a un puesto de trabajo en la administración que dirigía.

Tras conocer la relación parental, tanto Borràs como el resto de grupos de la cámara catalana exigieron explicaciones a Andreu, que se defendió diciendo que no había considerado “pertinente” informar porque no había participado en la evaluación de los candidatos.

La ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 23 que las autoridades y el personal al servicio de las administraciones “se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato” cuando haya “parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado” con alguno de los interesados.

En paralelo a este debate, la secretaria general entregó la semana pasada un informe, encargado por ella misma a uno de los letrados del Parlament, que concluía que el proceso de selección se ha desarrollado “sin vicios o defectos invalidantes”, pese a que “se han dictado actos, de trámite, no previstos en las bases, pero justificados y razonables”.

Finalmente, una mayoría de la Mesa ha forzado el encargo de un informe externo a la Oficina Antifraude de Cataluña, lo que ha provocado que Andreu presente su renuncia. La secretaria general es un cargo de confianza que Borràs nombró hace un año en sustitución de Xavier Muro, ex responsable en el cargo y persona cercana a Roger Torrent (ERC).

Y Andreu ha estado en el centro de la polémica prácticamente desde que asumiera su puesto como “mano derecha” de la cámara: le ha salpicado directamente el escándalo de las licencias de edad, las prejubilaciones doradas que el Parlament ha otorgado a funcionarios que no trabajan entre los 60 y los 65 años, un beneficio que Borràs y Andreu han mantenido bajo su mando.