El TSJC tumba el último recurso de Borràs y la deja pendiente de la apertura de juicio oral

Nuevo varapalo judicial a Laura Borràs: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado el último recurso presentado por la defensa de la presidenta del Parlament, quien queda pendiente de la apertura de juicio oral por corrupción. Borràs trató de recusar y apartar al magistrado instructor Carlos Ramos por presunta “falta de imparcialidad”, una maniobra que el Alto Tribunal tilda de “un acto en fraude de ley y/o un abuso de derecho”.

El magistrado instructor de la causa ha acordado no admitir a trámite el recurso de apelación que la defensa de la lideresa de Junts presentó la semana pasada, agotando así una de sus últimas opciones para evitar el juicio por la presunta adjudicación a dedo de hasta 18 contratos a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.

La presidenta del Parlament y de Junts aún tendría de plazo hoy para presentar un último recurso de apelación contra la confirmación del auto por el que el instructor la dejó a un paso de juicio, pero fuentes de su entorno lo descartan, con lo que el auto de apertura de juicio oral contra ella puede ser un trámite inminente.

En la providencia dictada este lunes, un texto de dos páginas, el juez recuerda al abogado de Borràs, Gonzalo Boye que, de acuerdo con la ley, no cabía ningún tipo de recurso contra su decisión de no admitir la recusación.

Además, recalca el magistrado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que “las recusaciones basadas en motivos de orden general y abstracto o con manifiesto abuso -es el caso de las invocadas por la representación de la señora Borràs- pueden ser inadmitidas razonadamente por el propio magistrado recusado sin que ello sirva para cuestionar su imparcialidad”.

El juez sostiene también que su “preocupación” por que el proceso contra Borràs no sufra dilaciones indebidas “a causa de actos procesales fraudulentos y/o abusivos de las partes es absolutamente legítima y no es ni puede ser demostrativa de ningún interés espurio”.

Borràs se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación de la Fiscalía, además de una multa de 144.000 euros, por presuntamente fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de licitar cuando dirigía la entidad cultural pública dependiente de la Generalitat.

El escrito de acusación atribuye a Borràs los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

De certificarse la inminente apertura de juicio oral, la carrera política de Borràs podía verse abocada al abismo en pleno verano. El artículo 25.4 del Parlament indica que la Mesa debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” cuando se decrete apertura de juicio oral y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. La propia dirigente maniobró hace unos meses para modificar este punto y se topó con el rechazo de todos los partidos, incluso de ERC y la CUP.

Este mismo lunes, Esquerra le ha vuelto a exigir que dé “un paso al lado” y se aparte de la presidencia de la cámara para “preservar” y “defender” la institución. Los republicanos incluso se han prestado a llegar a un hipotético acuerdo para que las funciones de Borràs puedan quedar en manos de otro representante de Junts mientras no se resuelve el caso en los tribunales.