La Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs por corrupción

La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido condenar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a 6 años de cárcel y a 21 de inhabilitación además de imponerle una multa de 144.000 euros por presuntamente fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de licitar cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El escrito de acusación atribuye a Borràs los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hace dos semanas.

El TSJC procesó por segunda vez a la presidenta del Parlament y lideresa de Junts por presunto fraude en contratos para beneficiar a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre marzo de 2013 y febrero de 2017, antes de su salto a la primera línea política. En el cierre de la instrucción, el juez procesó a Borràs y a tres sospechosos más por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada, todos asociados a la corrupción.

Ahora, el Ministerio Fiscal rechaza imputarle los delitos de fraude administrativo y malversación de fondos públicos y mantiene la acusación por prevaricación y falsedad de documentos. Las fiscales también acusan al amigo de Borràs Isaías H., que supuestamente se favoreció de los contratos, y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.

A finales de junio, el magistrado instructor dio diez días hábiles a la Fiscalía para pronunciarse y dar a conocer su acusación, un plazo que vence este jueves tras dos días de prórroga. A partir de ahora, el Alto Tribunal ya puede decretar la apertura de juicio oral, lo que sitúa a la nueva presidenta del partido de Carles Puigdemont a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgada por corrupción.

Según el TSJC, los indicios en este procedimiento, “evidenciarían” que Borràs “abusó” de sus funciones como directora de la ILC dictando “resoluciones injustas” para adjudicar 18 contratos menores, “con plena conciencia” de que “entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público”, para “favorecer” a un amigo, Isaías H. En concreto, para fraccionar y adjudicar a dedo 18 contratos menores por valor de 330.00 euros (de los que al final se pagaron algo más 309.000 euros).

En el terreno político, esta novedad puede comportar un tsunami de magnitudes difíciles de calcular. Borràs se ha atrincherado en el cargo y se niega a dimitir ante las amenazas de Esquerra, que tiene en su mano dejar caer a la presidenta del Parlament una vez el TSJC decrete la apertura de juicio oral, el paso que queda por completar.

El artículo 25.4 del Parlament indica que la Mesa debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” cuando se decrete apertura de juicio oral y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. La propia dirigente maniobró hace unos meses para modificar este punto y se topó con el rechazo de todos los partidos, incluso de ERC y la CUP.