Pere Aragonès usa la autodeterminación para cerrar la crisis con Junts

El independentismo llega fracturado y desnortado al debate de política general que hoy empieza en el Parlament, la cita política más importante del año. Pasada la Diada de la división y a las puertas del quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O, los dos partidos que conforman el Govern arrastran una severa crisis interna que les ha llevado a coquetear seriamente con la ruptura. Para tratar de cerrar la herida «in extremis», el president Pere Aragonès actualizará la hoja de ruta y usará la autodeterminación para llamar a un frente «amplio» y de «consenso» con una propuesta renovada que busca sumar también a los Comunes. De hecho, desde ERC aseguran que debe ser una iniciativa «paralela» a la mesa de diálogo –es decir, al margen– y a desarrollar en los «próximos meses».

«Cataluña volverá a votar, es inevitable», apuntó el president en la previa de la Diada, una advertencia que ya incidía en el contenido de su estrategia política. Eso sí, desde ERC evitan poner fecha ni fijar plazos para un referéndum a corto plazo y no sitúan una hipotética negociación en la mesa hasta 2024.

La pasada semana desde Washington, Pere Aragonès ya avanzó que formulará una «propuesta amplia por la autodeterminación», para que «la ciudadanía pueda votar», porque «es la mejor manera de resolver el conflicto político» y permite «sumar no solo» a los independentistas, sino también «a todos los demócratas». Es decir, extremará la gesticulación en el Parlament con la vista puesta especialmente en Junts, aunque los republicanos rehúyen el choque directo y los planteamientos unilaterales en esta nueva etapa y ante los sucesivos enfrentamientos internos que colecciona el independentismo.

ERC asume que ahora es el momento de presionar al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con la llamada «desjudicialización» del «procés» y exige a Pedro Sánchez avances concretos en la mesa de diálogo antes de que acabe el año. Para ello, cuentan de aliados a los Comunes –la facción catalana que cobija a Podemos–, que ya piden la reforma del delito de sedición a sus socios de la Moncloa antes de 2023. Y en este juego de equilibrios, Pere Aragonès posterga la negociación de un hipotético referéndum acordado, aunque quiere ofrecer en público el mensaje que da pasos para «avanzar» en la cuestión territorial.

Sea como fuere, la propuesta del president llega en pleno conflicto abierto con Junts y después de que los posconvergentes exigieran un cambio de rumbo en su hoja de ruta. En concreto, desde el partido de Laura Borràs pusieron tres condiciones a los republicanos para evitar salir del Govern: constituir un nuevo Estado mayor del «procés», el sanedrín que preparó en la sombra el referéndum ilegal del 1-O; unidad independentista en el Congreso de los Diputados; y la negociación de la amnistía y la autodeterminación en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero, ante el inmovilismo de los republicanos y la diferentes visiones que hay dentro de Junts –los sectores de Borràs y Puigdemont abogan por salir del Ejecutivo mientras que los consejeros, alcaldes y cargos orgánicos afines al secretario general, Jordi Turull quieren seguir–, en los últimos días la formación ha rebajado el tono del ultimátum fijado y la presidenta del partido matizó que el Debate de Política General servirá para ver «hacia dónde se dirige el curso político».

Esto se suma a que algunos dirigentes de Junts cuestionan que la consulta a la militancia deba preguntar necesariamente si hay que salir o no del Govern, por lo que es una incógnita qué pasos dará el partido si el Debate de Política General no disipa la crisis de la coalición con la propuesta de Aragonès a favor de la autodeterminación.

La cita, que hoy empieza y el viernes termina en el Parlament, también servirá para ver si el independentismo es capaz o no de votar alguna propuesta de resolución conjunta o se limitan a pactar con otros partidos medidas de corte sectorial.

Un plan de choque de 300 millones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, abrirá hoy el Debate de Política General (DPG) en el Parlament con un primer paquete de medidas dotado de 300 millones de euros para afrontar las consecuencias de la inflación. Aragonès anunciará las medidas económicas con la negociación de los Presupuestos catalanes de 2023 en el horizonte. La cita de esta semana, que fija oficialmente el inicio del nuevo curso político, dejará también una curiosa imagen: la sesión estará presidida por la republicana Alba Vergés después de la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la Cámara al estar pendiente de juicio por corrupción. El debate llega, de hecho, con el Parlament en una insólita situación de interinidad.