El acoso a los comercios de Cataluña por el uso del castellano: de las multas al vandalismo callejero

La polémica lingüística en Cataluña ha dado un salto a la calle en 2025. Aunque no existen cifras oficiales que recojan de manera exhaustiva cuántos comercios han sido vandalizados por utilizar el castellano, varios casos recientes han encendido las alarmas entre comerciantes, asociaciones vecinales y partidos políticos. Lo que antes se limitaba a expedientes administrativos o sanciones económicas, ahora se traduce en pintadas, pegatinas y hostigamiento físico contra establecimientos.

El caso más mediático ha sido el de una heladería argentina en el barrio de Gràcia (Barcelona), atacada con pintadas y adhesivos tras una denuncia de discriminación lingüística. Una clienta acusó al local de negarse a atenderla en catalán y el conflicto derivó en una campaña de señalamiento en redes sociales y finalmente en actos vandálicos contra el negocio.

Pocos días después, un tribunal de Barcelona anuló la sanción contra una cafetería de Sitges que había sido multada por rotular en castellano, avivando aún más la polémica. Los jueces consideraron que la administración había actuado de manera desproporcionada, en un fallo que abrió un nuevo frente político.

Inspecciones y sanciones en aumento

El trasfondo de estos casos es una intensificación de las inspecciones lingüísticas en comercios por parte de la Generalitat de Cataluña. En 2024 se realizaron 2.269 inspecciones, el doble que en 2023.

Ese mismo año se impusieron 207 sanciones a negocios por incumplir la normativa lingüística, principalmente en la rotulación y atención al cliente.

Según datos oficiales, entre 2012 y 2024 se registraron unas 3.000 denuncias por vulneración de derechos lingüísticos, la mitad de ellas concentradas en los últimos dos años.

Sin embargo, solo un 7% de esas denuncias terminaron en sanciones efectivas. En 2023, por ejemplo, se tramitaron 206 multas que sumaron alrededor de 409.000 euros.

Los incidentes han generado un fuerte debate político. Partidos como PP y Vox han pedido al Ayuntamiento de Barcelona que actúe contra el acoso a comerciantes que utilizan el castellano, mientras que sectores independentistas insisten en que se trata de casos aislados y reclaman reforzar la defensa del catalán.

Asociaciones de comerciantes, por su parte, denuncian la sensación de inseguridad y piden al Govern que garantice la neutralidad del espacio público, evitando que la política lingüística derive en enfrentamientos vecinales o pérdidas económicas.

sociales—, lo que dificulta separar el móvil puramente lingüístico de otros factores.

Lo que sí está claro es que 2025 ha consolidado una nueva dimensión del conflicto lingüístico en Cataluña: el paso de las sanciones administrativas al vandalismo callejero.