La alianza entre Generalitat, ERC y los comunes se tensa por la ampliación del aeropuerto del Prat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este martes su esperado proyecto para ampliar la tercera pista del aeropuerto de Barcelona-El Prat en 500 metros, una iniciativa gestada desde septiembre en una comisión técnica conjunta entre la Generalitat, el Ministerio de Transportes y Aena. Esta ampliación permitirá aumentar la capacidad del aeropuerto para llegar a los 70 millones de pasajeros anuales, desde los actuales 55 millones, y facilitará nuevos vuelos intercontinentales hacia Asia y la costa oeste de Estados Unidos.

Sin embargo, la propuesta ha generado una inmediata y tensa reacción de ERC y los comunes, socios de investidura y artífices de los tres suplementos de crédito. Tanto los republicanos como los comunes han manifestado una oposición frontal a la ampliación, calificándola de “mala noticia” y anunciando que no cejarán en su empeño por frenar el proyecto, aunque sin romper la alianza de gobierno por ahora.

"Se le complicará la legislatura"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha sido contundente al criticar que Illa haya justificado la ampliación alegando que el aeropuerto no es un aeropuerto de primera, responsabilizando a Aena por la infrautilización de los aeropuertos de Reus y Girona y por bloquear el desarrollo sostenible de la infraestructura catalana. “Defender Cataluña hoy es defender que Aena saque las garras de nuestro aeropuerto”, ha sentenciado Alamany, que advierte que cada paso atrás en defensa de los intereses catalanes complicará la legislatura de Illa.

Por su parte, David Cid, portavoz parlamentario de los comunes , ha calificado el proyecto de “mala noticia” y propio “del siglo XX”. Cid apuesta por situar la batalla en Europa, confiando en que la Comisión Europea tumbe la ampliación por su impacto ambiental, con especial atención a la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) en 2028. Para los comunes, el aumento previsto de turistas, que alcanzaría los 20 millones más anuales, tendrá un impacto “insostenible” sobre el precio de la vivienda, además de perjudicar el medio ambiente y la calidad del servicio de Rodalies. De lmismo modo, ha dicho que su grupo estudiará todos los escenarios que se les presenten y que harán todo lo que esté en sus manos para tumbar el proyecto

Ambos socios han evitado concretar si la suspensión de la ampliación será una línea roja para la negociación de los presupuestos de 2026, conscientes de que la batalla política y legal será larga y compleja.

Reacciones de la derecha y la patronal

El vicepresidente de Foment del Treball, Lluís Moreno, ha valorado positivamente el anuncio de Illa, destacando que supone “poner a Cataluña en marcha” y ha recordado que esta ampliación responde a una necesidad de mejorar la conectividad y atraer talento internacional. Moreno ha defendido que el proyecto garantiza un equilibrio medioambiental con la creación de más de 250 hectáreas para nuevos espacios húmedos y un fondo ambiental para preservar estas zonas.

En contraste, el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, a pesar de estar a favor su grupo de la ampliación, ha mostrado "desconfianza absoluta" hacia el Govern y su presidente, a quienes acusa de practicar la “política del no a todo”. Fernández ha defendido la necesidad de ampliar el aeropuerto para que Cataluña no pierda competitividad y se convierta en una “región de provincias”. Sin embargo, también ha cuestionado si Illa podrá sacar adelante el proyecto ante la oposición de sus socios, preguntándose “¿con quién lo hará?”.

Finalmente, la portavoz de Junts, Mònica Sales, ha acusado a Illa de actuar “de forma unilateral” al presentar el proyecto sin consensuarlo con el Parlament ni con los municipios afectados ni con Junts, siendo el principal partido de la oposición. Sales ha anunciado que registrarán una petición de comparecencia para que Illaexplique en el hemiciclo esta decisión y ha recordado que del 15 al 17 de julio se celebrará un pleno monográfico sobre infraestructuras donde el Govern deberá posicionarse públicamente. Además, ha defendido que el principal problema del aeropuerto es de gestión, y que el Gobierno y Aena no deberían tener la concepción de que El Prat es una terminal más de Barajas, sino que la infraestructura debería traspasarse a la Generalitat.