Qué es la reserva del 30% de vivienda protegida en Barcelona que Collboni quiere eliminar

En Barcelona, una normativa urbanística ha sido objeto de debate y controversia durante años: la reserva del 30% de vivienda protegida. Aprobada en 2018 durante el mandato de Ada Colau, esta norma obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de las viviendas en nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones a alquiler asequible. La directriz se inspira en experiencias similares de otras ciudades europeas. Como París, en la que el gobierno municipal socialista aplica el 50%. Sin embargo, el actual alcalde, Jaume Collboni, ha expresado su intención de flexibilizar esta medida, de la mano de Junts, lo que ha generado un intenso debate sobre su impacto en la ciudad.

La reserva del 30% fue impulsada por movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinas, con el apoyo de partidos políticos como Comuns, ERC y PSC. Su objetivo principal era aumentar el parque de vivienda protegida en Barcelona, que actualmente cuenta con menos del 2% del total de viviendas en la ciudad. La norma se aplicó como una modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona (MPGM) y se diseñó para frenar la especulación inmobiliaria, un problema crónico en la ciudad.

Impacto y críticas

A pesar de sus buenas intenciones, la norma ha enfrentado varios desafíos desde su implementación. Los datos muestran que solo se han generado alrededor de 160 viviendas protegidas, muy lejos de lo esperado. La avalancha de solicitudes de licencias antes de su entrada en vigor, la falta de suelo disponible y el rechazo del sector de la construcción han sido factores clave en su limitado éxito.

El sector inmobiliario argumenta que la medida ha frenado la construcción de nuevas viviendas y rehabilitaciones, lo que ha llevado a una disminución en la oferta de vivienda en general. Por otro lado, defensores de la norma sostienen que es un dique de contención contra la especulación inmobiliaria, permitiendo que más personas accedan a viviendas asequibles.

Propuestas de reforma

Jaume Collboni ha anunciado planes para reformar la norma, buscando hacerla más efectiva y atractiva para el sector privado. Las propuestas incluyen permitir que los pisos protegidos se agrupen en un solo edificio dentro del mismo barrio, en lugar de obligar a que estén en la misma promoción. Además, se plantea eximir de la reserva a las rehabilitaciones que no impliquen cambios significativos en la estructura del edificio. Las asociaciones pro vivienda pública, sin embargo, recuerdan que la norma, precisamente porque afecta a las grandes rehabilitaciones, sirve como última frontera a la compra especulativa de fincas enteras, tal y como ocurrió en la Casa Orsola.

La reforma también abriría la posibilidad de que operadores sin ánimo de lucro sean los encargados de construir los pisos sociales, lo que podría aumentar la eficiencia en la ejecución de estos proyectos. Sin embargo, grupos como Barcelona en Comú han expresado su oposición a cualquier modificación que pueda debilitar la norma, argumentando que su flexibilización podría resultar en la pérdida de miles de viviendas protegidas en el futuro.

Consecuencias potenciales

La eliminación o flexibilización de la reserva del 30% podría tener consecuencias significativas para el mercado inmobiliario de Barcelona. Por un lado, podría estimular la construcción de nuevas viviendas, lo que aumentaría la oferta y podría moderar los precios. Por otro lado, podría dejar a la ciudad más expuesta a la especulación inmobiliaria, lo que podría empeorar la situación de acceso a la vivienda asequible para los residentes